Ley antitabaco no discrimina

Hace ya más de veinte días que rige en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la prohibición de fumar en espacios cerrados con acceso público tanto del ámbito estatal como privado. En este breve período, hemos opinado todos, a favor y en contra; se han producido reclamos, situaciones propias derivadas de la adecuación a nuevas pautas de conducta.

Conocimos fuertes testimonios de vida, como el de Margarita Muñoz sobre la enfermedad de su esposo, Saúl Ubaldini, afectado de cáncer de pulmón, y su relación con el consumo de tabaco desde temprana adolescencia. Hemos sabido también del fallecimiento, a los 64 años, del periodista Julio Nudler, debido a un cáncer de pulmón que, según él reveló, contrajo «como fumador pasivo».

El camino tiene sus dificultades, son muchas las cuestiones que puede generar una ley de control de tabaco, son muchos los intereses en juego y resulta difícil asumir desde lo personal y colectivo las consecuencias de conductas que nos son perjudiciales, pero que por su carácter adictivo tornan muy arduo su abandono.

Sin embargo, la ley se cumple principalmente porque se juzgan valiosos sus objetivos y colectivamente se comparten sus fines. Son pocas las normas que, como ésta, vienen precedidas de un fuerte consenso en cuanto a la necesidad de su existencia. La convicción ciudadana descansa en el reconocimiento de que existen derechos que deben ser preferidos porque los valores que protegen son percibidos como superiores e insustituibles, tal es el caso de los derechos a la vida, a la salud y a gozar de un ambiente de aire puro no contaminado.

Estos derechos no distinguen entre fumadores y no fumadores, se garantizan para todos, y en ese sentido, se legisló desde la Ciudad Autónoma. Son, además, derechos universalmente reconocidos y que en nuestro país tienen jerarquía constitucional,tal como surge del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial. La Ley de Control de Tabaco no discrimina, se aplica a todos, fumadores o no fumadores, nacionales y extranjeros. Promueve la existencia de espacios libres de humo de tabaco y protege especialmente a los menores de edad, las embarazadas y a los que eligen no fumar el «humo de segunda».

Alcances

Las normas que han entrado en vigencia no violan las libertades individuales. Las disposiciones de la ley sólo se imponen sobre las acciones privadas en cuanto éstas «perjudican a un tercero», tal como permite el artículo 19 de la Constitución nacional cuando expresa que «las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden al orden y a la moral pública ni perjudican a un tercero están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados».

El libre desarrollo de la personalidad acepta restricciones y puede ser limitado para asegurar la protección de la salud o la moral públicas. Los derechos no son absolutos y se gozan conforme las leyes que reglamentan su ejercicio (art. 14 de la Constitución nacional).

El humo de tabaco es perjudicial para la salud de los fumadores y de los no fumadores, y en los ámbitos de acceso público debe preservarse el derecho de todos a respirar aire sin contaminación. Comprendo que esta ley genere molestias, pero los cambios sociales requieren acomodamiento, y este caso no es la excepción. La Ley de Control de Tabaco tampoco desconoce la propiedad privada o interviene perjudicando los derechos de propietarios y dueños de bares, restoranes, confiterías o casas de lunch. Aquellos locales con superficie útil superior o igual a 100 metros cuadrados podrán destinar como máximo 30% de ésta para personas fumadoras. Esta decisión queda en manos de sus propietarios, quienes evaluarán si les conviene o no, considerando costos y beneficios, y en consecuencia, asumirán los gastos correspondientes.

No es ésta una decisión legislativa caprichosa ni arbitraria, sino una opción normativa que los legisladores votamos como razonable (la ley fue aprobada con 49 votos y 3 abstenciones sobre un total de 60 miembros), ya que no es físicamente posible garantizar un espacio libre de humo para no fumadores y un ámbito seguro para quienes sí fuman, en superficies menores a 100 metros cuadrados. La ley tampoco delega el poder de policía en propietarios de bares y restoranes, los compromete a colaborar en la exigencia del respeto a la ley: si sus clientes infringen la ley, su responsabilidad cesa y la sanción no se les aplica si han hecho uso del derecho de exclusión del infractor o han dado aviso a la autoridad preventora.

El derecho a la salud y a disfrutar de un medio ambiente no contaminado demanda un aire libre de humo de tabaco. En Estados Unidos, las restricciones de fumar son cada vez más severas, y en Europa y en Brasil se promulgan leyes similares a la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que aíslan al fumador del resto de la gente. Es obligación de todos promover un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y de generaciones futuras (art. 41 Constitución nacional). La Ley 1.799 es un paso en este sentido.


(*) Diputada nacional del PRO. Autora de la ley antitabaco cuando era legisladora porteña.