De contradicciones, imprecisiones, omisiones deliberadas y zonceras

Un repaso por las políticas estatales bajo la presidencia de Néstor Kirchner y la aprobación de la ley de biocombustibles.

Foto: Biodisel

Escuché el día domingo una entrevista que le hacían al Señor Luis Zubizarreta, Presidente de ACSOJA, Cámara de Puertos Privados y CARBIO, en la que el mismo no sólo incurrió en groseras contradicciones e imprecisiones sino además en omisiones deliberadas que no se pueden dejar pasar sin señalarlas, ya que como decía Don Arturo Jauretche contribuyen a la construcción de las zonceras “para impedirnos pensar las cosas del país por la simple aplicación del buen sentido”.

El Señor Zubizarreta hizo mención de que en el año 2007 “inteligentemente en la Argentina comenzamos a transformar el aceite en energía” como si eso hubiera sucedido naturalmente.

Omitió deliberadamente hacer mención a que hubo una decisión del Presidente Néstor Kirchner para que así fuera aportando a la construcción de una política de Estado que permitió industrializar la ruralidad, llevando industrias a pueblos que jamás las habrían tenido y generando empleo y arraigo.

Cuando Néstor Kirchner asumió su Gobierno en el año 2003 sin dejar sus convicciones en la puerta de la Casa Rosada, a causa de las políticas neoliberales que lo precedieron se habían perdido en la República Argentina 103.000 productores y se hallaban hipotecadas 12 millones de hectáreas, sin mencionar la destrucción del empleo, el endeudamiento calamitoso y otras plagas a las que cíclicamente someten al pueblo argentino.

El Banco de la Nación Argentina debió suspender las ejecuciones hipotecarias al sector agropecuario hasta que comenzara a funcionar el nuevo programa de refinanciación de las deudas.

Era habitual por esos años ver a las Mujeres en Lucha (Mujeres tenían que ser) parando los remates rurales en los Juzgados de las Provincias, mientras el país se sumía en el desempleo, la desindustrialización y la destrucción del aparato productivo.

Se transitó entonces entre el gobierno del Presidente Néstor Kirchner y representantes del sector agropecuario un camino de recuperación, marcando un hito importantísimo la aprobación de la ley de biocombustibles.

En mayo de 2006 se promulgó la Ley 26.093 de "Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles".

Dicha normativa, reglamentada en febrero de 2007, definió la autoridad de aplicación y sus funciones para la promoción y producción de combustibles renovables. Estableció además el corte obligatorio del 5% para naftas y gasoil a partir de 2010 y obligó al Estado nacional a "utilizar biodiesel o bioetanol en los porcentajes que determine la autoridad de aplicación, y biogás sin corte o mezcla", también desde ese mismo año.

El despegue en la producción de biodiesel fue notable, a tal punto que la Argentina se convirtió en el principal exportador a nivel mundial de biodiesel, destinándose a la Unión Europea cerca del 90% de la producción local.

Entre los puntos más relevantes de la ley, cabe señalar que los biocombustibles no pagaban impuestos directos y las inversiones contaban con la posibilidad de la devolución anticipada del IVA o la amortización acelerada.

No sólo se dio inicio al desarrollo de una industria importantísima para diez provincias argentinas, sino que además se la defendió frente a las barreras arancelarias.

La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el año 2012 interpuso un ejemplar reclamo ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) la que falló a favor de Argentina contra las trabas comerciales que aplicó la Unión Europea a las importaciones de biodiesel. El país había elevado su queja ante la OMC por los aranceles impuestos por el bloque europeo con la excusa de que los precios del combustible de origen argentino eran artificialmente bajos.

El entonces canciller Héctor Timerman justificó el caso en que “la magnitud del perjuicio que ocasionará la medida a una industria que se desarrolló recientemente de manera dinámica e innovadora en nuestro país, sumada a su naturaleza claramente proteccionista, no deja otra opción para la República Argentina que el accionar inmediato bajo el Entendimiento de Solución de Diferencias (ESD) de la OMC”.

Pero, de ese espectacular desempeño, se pasó, como en tantos otros sectores al estancamiento o al retroceso macrista, del que nada dice el Señor Zubizarreta.

Recomiendo analizar el informe del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) de fecha 21 de enero de 2020 donde repasa la evolución y/o involución de las ventas de biodiesel desde 2011.

Dice OETEC que las ventas totales (al corte + mercado interno) de biodiesel se desplomó 6,3% en 2018, es única caída interanual desde iniciada esta actividad en 2008. Durante los primeros tres años de gestión macrista, las ventas se expandieron 8% vs un 16% en igual período anterior, esto es, entre 2012 y 2015. En otras palabras, la tasa de crecimiento se redujo a la mitad.

En el acumulado enero a noviembre de 2019, si bien se registró un aumento del 2%, se observa una muy pobre evolución respecto de 2015. Asimismo, y en relación a 2017, se verificó una caída del 3,6%. Finalmente, destacar que entre 2015 y 2019 (siempre a noviembre), las ventas crecieron 2,7% vs. 48,6% en igual período anterior (2011 a 2015). Como puede advertirse, una drástica desaceleración.

Cuando se coloca la lupa sobre las ventas al corte, los números en rojo aparecen con Macri. A noviembre de 2019, se ubicaron 2,4% inferior a la de 2015. O sea, una involución de cinco años.

La Ley 26.093 y su decreto reglamentario resultaron fundamentales para la diversificación de la matriz energética, la sustitución de importaciones de combustibles fósiles, el agregado de valor a la producción -tanto la consumida en el mercado interno como la destinada a la exportación de excedentes.

Es el espíritu de la nueva ley 27.640 defender las fuentes laborales, las economías regionales en las provincias productoras de biocombustibles y, sobre todo, las Pyme argentinas. Las Pyme acompañaron el proceso de la nueva ley tanto en el debate parlamentario en Comisiones como así también con posterioridad a la sanción de la ley, pero llamativamente han sido invisibilizadas, como así también las Cámaras empresariales que la avalaron.

En la entrevista a la que aludo se habla de arraigo, sin abordar el concepto de soberanía alimentaria ni de la propiedad y extranjerización de la tierra.

El proceso de extranjerización de la tierra en la Argentina que se inició en la década del ’90 y se vió interrumpido en abril de 2011 cuando la entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso un proyecto que proponía un límite a las porciones de tierra que podían estar en manos de extranjeros. Pero el gobierno de Mauricio Macri modificó la Ley 26.737 en 2016 a través de un decreto presidencial.

Sí, la modificó por un decreto.

El macrismo aumentó las superficies a adquirir permitidas y además enajenó tierras de una enorme importancia geopolítica.

Macri facilitó y propició la apropiación extranjera de recursos naturales. La norma legal durante nuestro gobierno fijaba un límite del 15 % a toda titularidad de dominio o posesión a nivel nacional, provincial y sub provincial; hasta un máximo de las 1000 hectáreas por titular en zona núcleo y sus equivalencias en el resto de las provincias. No se podían adquirir tierras rurales que limiten o contengan cuerpos de agua de envergadura y permanentes y sobre todo se establecían controles para evitar la extranjerización a través de la compraventa de acciones por medio de testaferros.

El decreto que Mauricio Macri dictó a poco de asumir definió titular extranjero a quien tenga más del 51% del capital social de una persona jurídica, en tanto que la ley de CFK definía como extranjero a quien sea titular de «un porcentaje superior al 25%».

El decreto de la administración Cambiemos también modificó otro punto central de la ley, en la que advierte que los titulares extranjeros no pueden adquirir más de 1000 hectáreas cada uno. O su equivalente en la zona núcleo, que es la más productiva, y está delimitada en el norte bonaerense, el sudeste de Córdoba y el sur de Santa Fe.

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, creado por Ley Nacional 26.737, aproximadamente 62 millones de hectáreas de la República Argentina (35% del territorio Nacional) figuran como propiedad de 1.250 terratenientes (0,1% de los propietarios privados). No solamente son pocos “estancieros” sino que predominan capitales extranjeros y/o asociados a capitales extranjeros. Esta proporción aumenta cuando nos referimos específicamente a la Patagonia donde los Benetton poseen 900.000 hectáreas; el grupo inglés Walbrook 600.000 hectáreas; y –entre otros- Joseph Lewis, quien se apropia de montañas, bosques, lagos, ríos y glaciares, usurpando bienes públicos.

El capital privado, muy concentrado y extranjerizado, toma cada vez más dimensión, radicándose básicamente en la propiedad de la tierra para fines extractivos deteriorando el suelo y perjudicando el medio ambiente.

Claro que comparto que es menester avanzar en un proceso virtuoso de sustitución de importaciones donde el desarrollo del sector de los biocombustibles debe ser prioritario, más aún en esta coyuntura donde debemos proveer a la sustitución de importaciones de gasoil.

El mundo se ve afectado por una guerra que modifica los precios internacionales y que nos afecta en materia de energía y de alimentos.

El desarrollo y el cuidado de la industria nacional es central para cualquier modelo de desarrollo con justicia social y debe ir acompañado de un modelo agropecuario y ganadero que nos preserve de la contaminación ambiental y la degradación de las tierras, que con el agregado de valor en nuestras economías regionales genere empleo y provea a la soberanía alimentaria produciendo alimentos sanos, a precios justos y razonables y de calidad , integrando a la cadena a los pequeños productores, al sector cooperativo, a los agricultores familiares y potenciando el desarrollo de nuestro propio paquete tecnológico al servicio del desarrollo nacional.

Ello no se consigue fomentando modelos económicos basados en la valorización financiera, el endeudamiento, la evasión fiscal y la primarización de la economía generando como principal consecuencia mayor concentración económica y por ende fortaleciendo la capacidad que tiene un reducido sector para imponer sus intereses inmediatos sobre el conjunto de la sociedad.

Para concluír, considero que no se puede dejar pasar que se omita deliberadamente la mención de una política de Estado inaugurada por decisión del Presidente Néstor Kirchner como tampoco las consecuencias de las políticas macristas sobre el sector de los biocombustibles.

Tampoco se puede naturalizar que se defienda el libre mercado reclamando la presencia del Estado; que se representen los intereses concentrados de los agroexportadores y se hable a renglón seguido en nombre del arraigo, la industrialización de la ruralidad y los pequeños y medianos productores; que se defiendan políticas medioambientales pregonando los beneficios de los biocombustibles mientras se aplaude la expansión de la frontera agrícola destruyendo la naturaleza. No es posible hacer todo ello de corrido y al mismo tiempo, sin que nadie lo señale.