Para evitar desbordes, hay que reglamentar el derecho de huelga

La sucesión de conflictos graves en distintas actividades impone la necesidad de reglamentarlos, tanto para fijar su concepto y alcances como para limitar los desbordes que la laguna del derecho existente genera. Cuando la ley no ilustra sobre contenido y alcances de un derecho tal carencia es suplida por la realidad que frecuentemente no tiene límites. Resulta claro que las medidas de fuerza en general revelan una nueva estrategia laboral que a la vez responde a un nuevo modelo de reclamación, basado en la generación de graves daños a la economía de las empresas, a su imagen, con secuelas en la economía general. Frente a la magnitud, extensión y profundidad de dichos daños a menudo se admiten supuestos acuerdos, que en rigor son imposiciones. Estas, al exceder el marco de razonabilidad de una negociación, terminan generando efectos distorsivos.

Si tomamos los paros de las telefónicas, los subterráneos, el Garrahan y los hospitales públicos, el conflicto de la pesca en Mar del Plata, los paros en la Justicia o en los organismos del Estado, y otros menos publicitados, podemos detectar una nueva tipología que los une, y caracteriza la conflictividad que sólo busca mejoras salariales y que, sin duda, será un condicionante de 2006, en la medida en que se pueda determinar si se mantiene la tendencia o si se la pretende revertir.

• Elementos

Los elementos que caracterizan los casos citados son:

a) el proceso de negociación es breve, no existe o está acompañado de un conflicto in crescendo que desemboca en un paro primero por turnos y, luego, por tiempo indeterminado;

b) muchos de los reclamos comienzan directamente con el conflicto como primera manifestación, incluso en forma previa a la negociación o al petitorio mismo;

c) los conflictos no ponen en evidencia ningún contenido ideológico, aun cuando éste subyace en cada uno de los eventos, con distintas orientaciones, en la más variada de las corrientes ( izquierda, centroizquierda o derecha) y, a menudo, con combinaciones que vinculan grupos tradicionalmente peronistas o justicialistas con grupos de izquierda, lo que revela que se busca más el resultado que la compatibilidad de ideologías;

d) los reclamos sólo se concentran en pedidos de aumentos de salarios, aun cuando muchos de los procesos de conflicto nacen de la idea original de renegociar el convenio colectivo;

e) los aumentos se instrumentan de las más diversas formas, desde la modificación lisa y llana de la escala convencional, la determinación de sumas fijas por categoría o planas, sean remunerativas o no remunerativas, o con prestaciones de emergencia que se liquidan por un plazo determinado, y son luego la base de una negociación definitiva;

f) las sumas fijas o las sumas no remunerativas en general son base de la negociación de la transformación ulterior en los nuevos básicos del convenio y de naturaleza remunerativa, con lo cual el costo laboral se duplica;

g) la negociación trepa a los niveles de las empresas, de los gremios y del gobierno nacional hasta comprometer en forma directa al primer nivel de los tres actores sociales, lo que demuestra la gravedad e intransigencia a la que se llega en muchos de los conflictos, neutralizando la posibilidad de las autoridades competentes de arbitrar un resultado con equidad;

h) la ley que reglamente el derecho de huelga, el estado de emergencia en materia de conflictos o la reglamentación de los servicios esenciales podrían ser algunos de los instrumentos o de las herramientas que mejorarían la interacción de los actores sociales en un derecho de huelga que debería volver al cauce constitucional;

i) la interlocución en los conflictos reconoce los niveles más insólitos, ya que está cuestionada la representación gremial de cúpula, y a menudo son los delegados o las bases que exigen asambleas para resolver el paso siguiente o para aprobar los eventuales acuerdos;

j) la interacción con los huelguistas y con el gremio de grupos ajenos al sindicato, como otros grupos que se solidarizan, los piqueteros, o simplemente, terceros ajenos a la medida de fuerza que portan estandartes, pancartas e integran el ruido de bombos, silbatos y tambores, junto con gritos y cánticos, de modo que es frecuente que los trabajadores sean ajenos al conflicto mientras una «batucada» representa o teatraliza el acto de protesta. Está demostrado, además, que los recursos legales existentes son insuficientes para contener los desbordes o para evitar la generalización del estado de conflicto permanente. Por ello, es el Estado el que necesita como eje del arbitraje del conflicto medios y herramientas que le permitan encaminar y canalizar los conflictos para que se transformen en acuerdos sustentables dentro de un marco de paz social.