¿Pobreza o desigualdad?: más que números, una definición política

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Al tirar al blanco, se puede errar, estar cerca o muy lejos. Lo mismo sucede con la pobreza y la desigualdad cuando se trata de incidir en la resolución de la situación social. La pobreza no es lo mismo que la desigualdad. Son enfoques complementarios pero con diferencias centrales para definir las prioridades de agenda, para las estadísticas y para la formulación de políticas.

Actualmente la pobreza en Argentina es del 33,6% (UCA), y la desigualdad medida por ingreso expresa que el 30,8% del ingreso generado por todos es apropiado por el 10% de la población y por apenas el 1,6% de los sectores más humildes (10° y 1º deciles, respectivamente). Es más, 4 de cada 10 argentinos apenas se apropian del 16% del ingreso generado por todos (EPH del INDEC). Estos números desmejoraron en relación a fines de 2015, lo cual nos habla de una agenda de prioridades particular.

A ello debemos sumarle otras formas de desigualdad, como las de género, etnia, patrimonio y salud, entre otras. Los estudios efectuados en los últimos años enfatizan que la desigualdad de ingreso ejerce una influencia gravitante en el resto de los tipos de desigualdades y que es mayor su alcance cuando se es mujer, niña/o, joven o adulto mayor, al residir en una zona rural o en zonas urbanas marginales.

Teniendo en claro los guarismos, es posible decir entonces que, mientras la pobreza refiere a la carencia o escasez de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas, la desigualdad expresa cómo un elemento no está distribuido uniformemente (ingreso, educación servicios sociales) y refiere a medidas relativas de bienestar (ingresos salariales, educación superior, incidencias de enfermedades, etc.). La pobreza aparece así como un concepto más descriptivo del estado de falta o carencia, mientras que la desigualdad es un concepto relacional y dinámico. Permite ver las relaciones entre ricos y pobres, entre mujeres y hombres y pone hincapié en las causas y factores que generan ese proceso de desigualdad.

De igual modo, la definición sobre eliminar la pobreza o reducir la desigualdad implica decidir cuál será la durabilidad de los cambios. Mientras para incidir en la pobreza por ingreso se plantean el desarrollo de políticas de lucha contra la pobreza lideradas desde las áreas de asistencia social, de corto plazo y para asistir en la coyuntura crítica económica y social, la agenda de políticas para la transformación de los procesos de desigualdad social refiere a una mirada sistémica, del conjunto de políticas (re) distributivas (salud, educación, trabajo, seguridad social, vivienda, economía, etc.). Aquí son fortalecidas las áreas sectoriales del estado, en especial, las de seguridad social y trabajo, y de hábitat.

Pero ninguna de estas definiciones puede estar exenta del contexto. Debemos tener en cuenta por dónde va la agenda mundial al respecto. Con la atención puesta en el crecimiento de la desigualdad global por sus consecuencias preocupantes en el desarrollo humano sostenible, la reducción de la desigualdad en y entre países ha sido incluida entre los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030.

En este sentido, sostiene Naciones Unidas que, pese a ciertas mejoras en la reducción de la pobreza en América Latina y el mundo en las últimas décadas, la desigualdad apenas se redujo o hasta creció. El 10% más rico de la población se queda hasta con el 40% del ingreso mundial total. A su vez, el 10% más pobre obtiene solo entre el 2% y 7% del ingreso total. En los países en desarrollo, la desigualdad ha aumentado en 11%, si se considera el aumento de la población. Por otro lado, el ritmo de reducción de la pobreza se viene desacelerando en el mundo. Llegado cierto punto no es posible reducir más la pobreza sino se avanza sobre políticas de reducción de la desigualdad.

Estas desigualdades son escandalosas, más si consideramos que las estadísticas no registran las magnitudes reales del fenómeno. Como vienen planteando diversos trabajos (Atkinson, Piketty y Sáez, 2011; Amerante, 2015), hay importantes limitaciones en las encuestas en especial para captar los ingresos altos, tanto en los países desarrollados como en desarrollo. Por ejemplo, no incluyen a los individuos más ricos por una cuestión relacionada a la elaboración de las muestras de las encuestas, donde no siempre éstos quedan representados o porque, en caso de que lo estén, no siempre responden las encuestas o subdeclaran ingresos.

Las nuevas propuestas plantean que hay que avanzar en recolección de información sobre riqueza en la región. La riqueza es mejor indicador del acceso de los hogares a recursos. A través de los registros tributarios o encuestas especiales de finanzas de las familias incluyendo activos financieros y no financieros, herencias, activos acumulados, deudas, ingresos y gastos de los hogares, se podría abordar mucho más abarcativamente este fenómeno.

Estos niveles de desigualdad son preocupantes por razones de equidad y de eficiencia. Una alta desigualdad reduce el crecimiento económico debido a que: 1) motiva en parte los marcados índices de delincuencia y violencia en los países de la región que, a su vez, afectan su crecimiento; 2) ello se traduce en mayores niveles de pobreza (con un mismo ingreso per cápita), lo cual limita la acumulación de capital físico y humano y, por tanto, reduce de manera indirecta las tasas de crecimiento; y 3) al ampliar el efecto de las conmociones externas, eleva la volatilidad del producto, lo que perjudica el crecimiento económico de varias maneras.

Las consecuencias de esta desigualdad son múltiples. La desigualdad obstaculiza la necesaria cohesión y dificulta el crecimiento económico sostenible. No sólo tiene consecuencias estrictamente económicas, sino que perjudica el fortalecimiento de los sistemas democráticos, la participación e identificación de la mayoría de la población con sus instituciones. Tal como sostiene Naciones Unidas, “los hechos demuestran que, por encima de un determinado umbral, la desigualdad perjudica al crecimiento y la reducción de la pobreza, a la seguridad, a la calidad de las relaciones en los ámbitos público y político de la vida, y al sentimiento de realización y autoestima de las personas”.

Como planteamos desde el Diploma de Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de FLACSO, sigue pendiente avanzar en la agenda de las desigualdades y plantear una agenda de consolidación de sistemas de políticas públicas distributivas que mejoren la cohesión social y consideren a las clases medias bajo una agenda social común, no sólo focal y rezagada a la asistencia. Esperemos que el año electoral en curso sirva para visibilizar estos temas.

* Coordinadora Académica del Diploma de Desigualdades y Políticas Públicas de FLACSO, Investigadora visitante del Instituto Gino Germani de la UBA y Directora del CEDEP.