31 de julio 2021 - 00:00

El caso de Chano: ¿es necesaria una Ley de Salud Mental para despenalizar una enfermedad?

Lo impactante que resulta saber que el caso de Chano lleva 20 años de evolución y que no ha sido posible prevenir este desenlace trágico no implica, lamentablemente, que se trate de una excepción o de una rareza.

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La psicoanalista francesa Sylvie Le Poulichet cita en “Toxicomanía y Picoanálisis” -su libro imprescindible que está por cumplir 35 años- al filósofo Olivier Mongin, quien no tiene duda alguna en afirmar: “Una ley inhibe su legitimidad ante una razón médica es equívoca”.

Esta relación equívoca, ambigua, inestable entre discurso jurídico y discurso médico es el fondo sobre que los acontecimientos se precipitan cuando determinados actores o figuras son llamados a intervenir sobre un determinado asunto. No hay más que reparar en lo paradójico que resulta que sea necesaria una ley llamada “Ley de Salud Mental”. ¿Cómo es posible que la encomiable tarea de despenalizar una enfermedad tenga que recurrir a un instrumento legal, es decir a un instrumento punitivo? Sin embargo, este solapamiento de lógicas supuestamente diferenciadas es inevitable. Otro ejemplo elocuente es la llamada “Ley de Identidad de Género”, que merecería una consideración aparte.

Tanto el discurso médico como el jurídico no se refieren a objetos naturales que, eventualmente, puedan ser definidos de manera inequívoca. Tanto el delito como la conducta patológica son construcciones del discurso social y, por lo tanto, político. La irrupción de un acontecimiento violento, que conlleva la imperiosidad de una respuesta de cancelación de sus efectos, una respuesta que no podrá evitar algún grado de violencia a su vez, se convierte en una escena donde esta ambigüedad debe extinguirse: o bien el acto se define como enfermo, o bien como delictivo. Y esta definición no ambigua repartirá culpabilidades.

La existencia de una ley como la 26.657 es una conquista para todos los que privilegiamos en cada caso que asistimos la ética del respeto a la subjetividad por sobre cualquier clasificación de las conductas, incluso las propias de los manuales de psiquiatría. Entiéndase bien: esto no elimina el necesario conflicto entre esta elección del sujeto y el orden público. Por el contrario, no trata de eliminarlo, de sofocarlo, sino de tramitarlo, de gestionarlo, de conducirlo. El conflicto, el equívoco que mencionamos al principio, es ineliminable.

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Espero que lo dicho hasta aquí pueda reflejar la complejidad de este problema, una complejidad que no se trata de reducir sino de exponer en toda su dimensión. De allí el “espíritu inter- disciplinario” de los abordajes que se proponen en los modelos avanzados de salud mental. La complejidad del problema impone la complejidad de los dispositivos de tratamiento, de prevención y de rehabilitación. La necesidad de financiamiento y capacitación de todos los efectores de salud y también de los miembros de las fuerzas de seguridad.

Lo impactante que resulta saber que el caso de Chano lleva 20 años de evolución y que no ha sido posible prevenir este desenlace trágico no implica, lamentablemente, que se trate de una excepción o de una rareza. Las fallas evidentes de los sistemas asistenciales y de seguridad no deberían politizarse ni ser objeto de persecuciones mediáticas, sino de las reparaciones legales y asistenciales adecuadas que permitan seguir avanzando en el mejoramiento de los procedimientos.

Resulta tan flagrante la ausencia de prevención que mencionamos como que la solución a la irrupción de la violencia haya sido en este caso un balazo en el abdomen.

Médico psiquiatra – Psicoanalista Asociación Psicoanalítica Argentina.

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