Sector público requiere reformar control externo

La Auditoría General de la Nación es el órgano rector del sistema de control externo del sector público nacional. En ese carácter, la Constitución nacional y la Ley de Administración Financiera N° 24.156 le confieren a dicha institución rectora amplias facultades para realizar regularmente distintos tipos de auditorías especializadas, con la misión fundamental de contribuir con su opinión independiente a que se adopten las medidas correctivas necesarias en las organizaciones auditadas, que permitan enmendar desviaciones al cumplimiento de estándares y criterios legales y profesionales comúnmente aceptados, y mejorar dinámicamente la asignación de los recursos públicos, reales y financieros, que administran las instituciones sujetas a su examen.

• Proyecto

Actualmente, se estaría examinando en el ámbito del Congreso de la Nación un proyecto de modificación del marco normativo general que reglamenta el sistema de control externo, cuya esencia sería proporcionarle a la Auditoría General de la Nación mayores grados de «independencia» en su accionar y nuevas facultades. Esta iniciativa es muy auspiciosa, ya que apunta a fortalecer el sistema de control republicano de gobierno, y por ello merece ser perfeccionada y enriquecida con el aporte de expertos en las distintas especialidades que demanda este asunto de Estado.

No obstante ello, cabe puntualizar que dicha reforma legal no sería eficaz en sus cometidos, si no va acompañada simultáneamente de una profunda reforma estructural del funcionamiento administrativo y operativo de dicha institución, que le posibilite cumplir eficiente y efectivamente sus roles constitucionales y, concomitantemente, le permita alcanzar los estándares que evidencian otras instituciones públicas fiscalizadoras de reconocido prestigio en el ámbito internacional.

En ese marco, sería entonces plausible que dicho órgano de control externo adopte medidas ejemplares que apunten a fortalecer la administración de sus recursos humanos, la administración de su presupuesto, su estructura orgánica, el proceso de planificación y rendición de cuentas de sus actividades, la tramitación y el seguimiento de sus actuaciones o expedientes, sus normas y procedimientos internos, la resolución de denuncias internas que efectúe su personal ante la ocurrencia de hechos irregulares, el proceso de coordinación interinstitucional de sus actividades, el control de calidad de sus productos, etcétera. A modo de ejemplo, seguidamente detallamos algunas de las muchas medidas que podrían instrumentarse para perfeccionar la calidad institucional de la Auditoría General de la Nación:

1. La confección de un programa estratégico plurianual, un todo integrado con los presupuestos (anual y plurianual) de la institución y el plan operativo, en el cual se incluyan: a) el universo sujeto al control y los riesgos de auditoría asociados; b) las metas y los objetivos de mediano y largo plazo, de conformidad con la misión y los deberes establecidos en la ley de su creación; c) los principales procesos, actividades y recursos humanos, y materiales para ser asignados en las distintas áreas orgánicas, con objeto de cumplir escalonadamente con las metas y los objetivos programados; d) los factores exógenos que pudieren afectar el desempeño global y particular previsto; y e) los indicadores cuantitativos y cualitativos que permitan medir los resultados (productos e impactos), la gestión y los desvíos a las políticas adoptadas.

Correlativamente, debería elaborarse anualmente, en consonancia con dicho modelo, un informe anual de rendición de cuentas que contenga los estados financieros de la institución, los resultados de su gestión, y el informe de un auditor externo calificado que brinde su opinión sobre la razonabilidad de la información que se está proporcionando y difundiendo al público.

2. La instauración de un ágil mecanismo de coordinación de actividades con la Sindicatura General de la Nación y las Unidades de Auditoría Interna.

3. El establecimiento de un nuevo modelo de gestión de recursos humanos por resultados. En ese marco, debería disponerse consecuentemente que se cubran todos los cargos jerárquicos de la estructura por un método transparente y competitivo de selección por oposición y antecedentes, de manera tal que las personas elegidas puedan demostrar una idoneidad comprobada para ejercer las funciones que se le asignen.

4. La elaboración de un completo programa anual y plurianual de capacitación, en función de las habilidades y los conocimientos que demanda la institución y de un preciso diagnóstico del perfil de cada uno de sus empleados.

5. La actualización de manuales y guías de auditoría especializadas (v.gr., auditoría integral, auditoría informática, auditoría de resultados, auditoría ambiental, etc.).

6. La confección de un manual de normas y procedimientosinternos, incluidos los gráficos de secuencia respectivos, y la consiguiente implementación de un remozado proceso de diligenciamiento de actuaciones de auditoría, que sea un todo compatible con la Ley de Procedimientos Administrativos y sus normas reglamentarias.

7. La publicación de todas las disposiciones y resoluciones que regularmente suscriban las autoridades máximas de la institución en el Boletín Oficial de la Nación.

Las medidas anteriormente reseñadas como ejemplo pueden complementarse con muchas otras que sean ejecutadas coordinadamente en el ámbito de la organización. La implementación de una reforma legal y estructural moderna que apunte a remover las debilidades orgánicas y a fortalecer substancialmente la calidad institucional de la Auditoría General de la Nación seguramente generará resultados muy satisfactorios. Lo importante en estos casos es que exista una firme decisión política, una sincera vocación de servicio al país de las autoridades competentes y un conjunto de técnicos y profesionales que asuman este desafío para beneficio de la institución y de la sociedad. Esperemos que ello finalmente acontezca y la iniciativa de reestructuración del sistema de control externo que se está gestando sea integral, moderna, un todo consistente y redunde finalmente en beneficio de las políticas gubernamentales, del sistema democrático de gobierno y de los ciudadanos, que solventan con sus esfuerzos e ingresos el funcionamiento de las instituciones de la Nación.