La intervención en (más que) Vicentin

Opiniones

La intervención y propuesta de posterior expropiación de Vicentin pone en el escenario público una discusión que va más allá de la relación del Gobierno con la citada empresa.

La intervención y propuesta de posterior expropiación de la empresa Vicentin pone en el escenario público una discusión que va más allá de la relación del gobierno con la citada empresa.

La intervención estatal (por esta vía) ocurre en un sector productivo en el que -en conjunto- muchas empresas privadas (a diferencia de otros rubros) son grandes y exitosos protagonistas internacionales. Es un sector altamente competitivo, exportador, calificado e inversor.

El sector agroexportador argentino (en 2019) exportó 42.110 millones de dólares (casi dos tercios del total exportado por las empresas que operan en Argentina). Es, cada año, además, el único sector generador neto relevante de dólares (porque la energía, los combustibles y minerales, y los servicios son deficitarios en sus balanzas intrasectoriales).

Fue de 37.535 millones de dólares el saldo intersectorial favorable en la balanza del sector referido. Solo los metales preciosos generan (además) balanzas comerciales intrasectoriales superavitarias aunque en este caso en un monto sensiblemente menor.

Siendo por ello un sector exitoso es preciso preguntarse por qué seria justificada la intervención del sector público absorbiendo una gran empresa (se trata de una de las 10 mayores exportadoras argentinas).

Si es por lo sectorial (hablaron las autoridades en los fundamentos de lograr una participación estatal estratégica, de conveniencia de una empresa testigo, de soberanía alimentaria) hay que decir que el sector, además de lograr los antes referidos buenos resultados en el sector externo -que no logra ningún otro-, cuenta con el valor de empresas de capital oriundo en nuestro país (Vicentin es una) como en ningún otro rubro. Las 15 mayores empresas exportadoras argentinas generan (ellas solas) el 40% del total exportado por el país (ese total exportado es de unos 65.000 millones de dólares al año pasado). En ese conjunto, dos tercios del total (10 de las 15 empresas) son exportadoras agroalimenticias y ellas generan además dos tercios de la exportación acumulada anualmente por ese grupo de elite empresaria.

Y la mitad de esas empresas agroexportadoras son de capitales de origen argentino.

En general hay en Argentina un gran entramado de empresas de origen local que son agroexportadoras, desde las mayores hasta las pymes de las economías regionales. Mientras que ello no ocurre en la misma proporción en los otros rubros: entre las 15 mayores empresas exportadoras -no agroalimentarias- dos tercios son de origen extranjero.

Pero la experiencia muestra que la nacionalidad de los accionistas y el origen del capital no muestra necesariamente resultados más elogiables (o menos, según el caso).

Ahora bien: hay un objetivo que, al parecer, está en los propósitos de la mayoría y es el de mejorar la performance exportadora en el país. Pues para ello una condición que debe lograrse es la de contar con más empresas con capacidad transfronteriza. La nuestra es una economía con escasas empresas internacionales exitosas: según algunos estudios privados apenas unas 60 empresas exportan más de 100 millones de dólares anuales, solo un centenar de empresas exportan más de 50 millones anuales y no llegan a 400 las que exportan más de 10 millones a anuales. Se estima que en nuestro país el total de empresas exportadoras habilitadas no supera por mucho las 6.500, pero en Brasil llegan a ser unas 25.000, en México casi 35.000 y aun en Chile y Perú hay unas 8.000. Además, son poquísimas las empresas argentinas que han logrado internacionalizarse invirtiendo en el exterior: del total de 100 mayores multinacionales latinoamericanas (multilatinas) solo 6 son argentinas mientras son brasileñas 27, mexicanas 20, chilenas 19 y colombianas 11.

Las exportaciones en Argentina están concentradas en pocas manos: pocas empresas exportan mucho y pocas provincias generan los envíos comerciales al exterior. Tres provincias (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) generan 70% del total exportado. Las agroexportaciones tienen enorme incidencia en esto descripto.

Resulta que aun habiendo empresas muy exportadoras, son tan pocas las provincias exportadoras que 20 empresas exportan más que 11 provincias enteras (25 empresas exportan más que 5 provincias, 60 empresas exportan más que una y 12 empresas más que 15 provincias). Vicentin es una de las que está en todas esas comparaciones.

Esta empresa exporta más que cada una de 19 provincias argentinas enteras. En sus ventas externas más que duplica las exportaciones de 15 provincias y más que triplica las de 12 provincias. Exporta más que el 80% de las provincias argentinas.

Pues la experiencia indica que para la acción más allá de las fronteras las empresas privadas son más dinámicas, flexibles, adaptables a la nueva economía.

Dicen Altman y Smith que la economía hoy es volátil, incierta, compleja y ambigua (por las siglas en ingles la llaman la economía VUCA) y solo con un entorno proactivo se puede sostener el éxito en un contexto exigente en términos de calidad, intangibles incorporados en procesos productivos, garantías de estándares e innovación constante. No parece (por la experiencia argentina al respecto) que la intervención estatal contribuya a fortalecer estos atributos en el rubro ni en esta empresa.

Por ello, la intervención (¿y expropiación posterior?) de Vicentin no impacta solo a esa empresa.

Por un lado supone el (declarado) ingreso modificatorio del sector público en el enorme ecosistema agroexportador argentino que es eficiente y competitivo.

Por el otro es un impedimento para que el propio sistema corrija los inconvenientes que la compañía padece. Hay dos vías al menos al respecto: el sistema jurisdiccional provincial tiene en marcha el concurso y ese es un método institucional para el caso; pero también el propio mercado genera sus reacciones funcionales con la posibilidad de que otras empresas adquieran las compañías que no puedan subsanar atascos, como ocurre en todo el mundo ante circunstancias como ésta.

Dicho sea de paso: no es posible saber qué razones han llevado a esta empresa a la compleja circunstancia financiera que tiene, pero podemos preguntarnos si no le han pesado las persistentes cargas públicas que las empresas privadas en Argentina padecen (en este caso, desde la interrupción del crédito internacional a la Argentina en 2018 -originado en malos resultados ficales-; pasando por el cambio en las condiciones tributarias ulterior a ello; además de los ajustes cambiarios posteriores que impactan a una empresa que exporta en dólares y debe dólares, pero que debe dólares cotizados a valor de mercado y exporta cobrando en dólares valuados a precio oficial y descontadas las retenciones; y siguiendo por la operación en una economía sin mercado de capitales y con rigideces legales que impiden el acceso dinámico a soluciones que están disponibles en otros países).

Ahora, hay -además de todo lo expuesto- un efecto inmediato: se ha politizado la agenda de quienes en el sector de la producción agroalimenticia deberían estar enfocados en invertir, producir, exportar.

No parece por ello que estemos ante una necesidad de intervención como la comentada. Y sí ante el riesgo de afectar un ecosistema que debe fortalecerse más que confundirse.

(*) Profesor del ITBA, especialista en negocios internacionales.

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