Política

Piden la intervención de la Corte Suprema en la causa por la legalidad del acuerdo con el FMI

Eduardo Codianni exige al Gobierno nacional que entregue toda la documentación existente vinculada al crédito de u$s57.100 millones. Hacienda asegura que ya entregó todo. Ahora, piden que la Corte convoque a audiencias y habilite amicus curiae.

Eduardo Codianni, denunciante de la legitimidad del acuerdo con FMI, reclamó la intervención de la Corte Suprema para que finalmente el Ministerio de Hacienda de la Nación entregue toda la documentación referida al crédito por u$s57.100 millones que suscribió la Argentina.

El 30 de septiembre pasado los abogados de la cartera económica presentaron ante la Cámara de Apelaciones un Recurso Extraordinario Federal con dos pedidos concretos a la Corte:

  • que se revoque el fallo que ordenó al Poder Ejecutivo informar y entregar copia de toda documentación sobre el acuerdo.
  • que se rechace el amparo de Codianni, declarando que el Estado ya “ha cumplido con el deber de entregar la información pública”.

En Hacienda sostienen que la “peculiar” relevancia del caso “excede el interés particular, configurando un supuesto de gravedad institucional que habilita la instancia extraordinaria” ante el máximo tribunal.

Además, los letrados de Hernán Lacunza recordaron que pusieron a disposición extrajudicialmente “toda la documentación obrante” para cumplir con la sentencia y aclararon que “no existen otros actos” referidos a la carta de intención firmada por funcionarios del Ministerio y del Fondo.

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El ministro de Hacienda Hernán Lacunza y su antecesor Nicolás Dujovne respondieron vía administrativa que "no existen" más documentos que los ya entregados. Los demandantes exige que se aclare esa situación en el expediente judicial.

Según supo Ámbito, este jueves el representante legal de Codianni, el abogado Andrés Bernal, replicó el pedido del Gobierno y reclamó a la Cámara que rechace el Recurso Extraordinario. “A modo eventual, para el supuesto que el recurso sea concedido, solicitamos a la Corte que habilite la causa para la presentación de amigos del tribunal (amicus curiae) y ordene la celebración de audiencias públicas a efectos de discutir sobre el tema de cara a la sociedad”, detalló Bernal.

“La información pública que se busca obtener se vincula con el crédito más importante que el FMI ha entregado en su historia a un país desde que fue fundado en 1944 y, por ende, también del crédito más importante contraído por Argentina frente a dicho organismo internacional”, justificó el letrado.

Para Codianni, el caso posee una “trascendencia institucional, social, económica y política”, que amerita conocer con precisión el “procedimiento”, las “condiciones legales”, la “causa” y los “motivos” del mega endeudamiento.

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<p>El 13 de mayo de 2019 el juez Esteban Furnari, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 10, rechazó la pretensión de acceso a información pública efectuada por Eduardo Codianni. Luego, la Cámara de Apelaciones ordenó lo contrario. </p>

El 13 de mayo de 2019 el juez Esteban Furnari, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 10, rechazó la pretensión de acceso a información pública efectuada por Eduardo Codianni. Luego, la Cámara de Apelaciones ordenó lo contrario.

“No nos referimos a procedimientos, causas ni motivos políticos, sino a cuestiones estrictamente jurídicas que hacen a la regularidad de la toma de cualquier decisión administrativa en un Estado de Derecho”, enfatizó Bernal.

Para los demandantes, el Estado tiene dos claras opciones: si la documentación existe, debe presentarla en el expediente judicial; y si no existe, entonces tiene que informarlo formalmente a la Justicia. “No hay grises”, remarcaron Codianni y Bernal, y agregaron: “Para evitar maniobras fraudulentas esencial que esa documentación sea incorporada al expediente judicial”.

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