11:50 hs: URSO SOLICITÓ INTERROGAR A CIUDADANOS BOLIVIANOS

•~11:50 hs: URSO SOLICITÓ INTERROGAR A CIUDADANOS BOLIVIANOS

Recibió la Corte Suprema de Justicia de Bolivia un nuevo exhorto suplicatorio del juez argentino Jorge Urso. Es en el marco de la causa por venta de armas a Croacia y Ecuador. Lo informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. El canciller boliviano Gustavo Fernández declaró que el pedido será respondido en los plazos que señala el procedimiento judicial.

La petición es la tercera que envía el juez argentino Jorge Urso, encargado de investigar la acusación contra el ex presidente argentino Carlos Menem por su presunta implicación en la venta de armas, que lo mantiene bajo arresto domiciliario desde junio pasado en Don Torcuto.

El canciller boliviano, Gustavo Fernández, declaró que el exhorto suplicatorio argentino será respondido por la Corte Suprema de la Nación en los plazos que señala el procedimiento judicial.

En julio de 1998 y febrero de 1999 la justicia boliviana rechazó similares peticiones del juez Urso por supuesta incompetencia en asuntos relacionados con la seguridad nacional, indicó.

La venta de armas que investiga la justicia argentina, realizado en 1993, intentó utilizar a la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA) de Bolivia como justificación para exportar armas por valor de 51 millones de dólares que, después, debían ser desviadas a Croacia y Ecuador pese a la prohibición de Naciones Unidas.

El canciller Fernández indicó que el tercer exhorto de Urso fue recibido en agosto del 2000, cuando era canciller Javier Murillo de la Rocha, hoy candidato a ser embajador de Bolivia en la Organización de Naciones Unidas.

La sospecha de complicidad del gobierno boliviano ha sido rechazada por el ex presidente Jaime Paz Zamora (1989-1993) aunque la asociación política Vanguardia Institucional Mariscal de Ayacucho (VIMA), integrada por ex policías, planteó una demanda en el Parlamento para procesar al líder político.

Los dirigentes de VIMA acusan al ex mandatario y jefe del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria de traición a la patria, violación de las garantías constitucionales y malversación de fondos estatales.