ABREN PRUEBA QUE MEJORARÍA CHANCE DE MOLINÉ Y COMPLICA A LAVAGNA

El oficialismo debió ampliar ayer la posibilidad de defensa de Eduardo Moliné O'Connor para conseguir el voto de 2/3 del Senado. Parece un detalle, pero -al menos- permitirá una prueba pericial sobre el cálculo que hizo el Ministerio de Economía para actualizar la deuda al grupo Meller a $ 400 millones en bonos. Algo todavía inexplicable y sobre lo cual se lo acusa al ministro del máximo tribunal, a pesar de que no tuvo relación con el fondo de la cuestión. Esa pericia proyectará luz sobre las conductas de los funcionarios de Roberto Lavagna que ordenaron el cálculo del monto y su liquidación.

Lamentablemente, será la Comisión de Asuntos Constitucionales, que administra Cristina de Kirchner, la encargada de designar a dicho perito. Esto aportará más dudas sobre el enjuiciamiento de Moliné que busca una resolución antes del recambio, el 10 de diciembre, de 24 legisladores que actúan como jueces. Esta posibilidad, tan temida por el PJ de Néstor Kirchner, postergaría hasta 2004 la defenestración del magistrado supremo.

«En los tribunales medievales eran mucho más generosos con el derecho de defensa», se quejó el constitucionalista Gregorio Badeni, consultado por este diario. Adelantó que analizarán, una vez que reciban la cédula de notificación senatorial, en qué términos interpondrán un recurso extraordinario y, luego, de queja ante la propia Corte Suprema.

• Testimonio

Para guardar las apariencias, la Cámara alta habilitó el desfile de un par de testigos más. Los radicales pidieron el testimonio de concepto -algo rechazado desde un comienzo por Cristina de Kirchner- de los juristas Néstor Sagües (juez en Rosario, Santa Fe) y el profesor de Derecho Constitucional Jorge Gentile.

En ese sentido, se privó a la defensa de llevar a la Comisión de Asuntos Constitucionales a los expertos Lino Palacio (miembro de la Academia Nacional de Derecho), Juan Carlos Cassagne, Ricardo Gil Lavedra y Alejandro Carrió, entre otras figuras pedidas por Badeni como testigos. De hecho, el abogado de Moliné subrayó que «los senadores eligieron a los testigos, sin permitir que nosotros pudiéramos seleccionarlos».

A pesar de que Cristina de Kirchner y la comisión pretendían restringir a la mínima expresión las pruebas -apenas le permitían a Moliné aportar 5 testigos que también pidió la comisión acusadora de Diputados-, en el plenario debieron disimular el intento de acelerar la anunciada destitución del ministro de la Corte.

Al comienzo de la sesión de la víspera, la primera dama debió proponer una postergación de la sesión de juicio político, ya que peligraba el rechazo en el recinto por 2/3 de los presentes. Así las cosas, Cristina de Kirchner negoció con la UCR la incorporación de algunas modificaciones formales al dictamen.

• Pedido

En ese sentido, se acordó incluir un pedido de informes a Economía sobre cómo debía abonarse la deuda consolidada de Meller (en tiempos de Eduardo Duhalde, un subsecretario de Roberto Lavagna, Andrés Troha, libró una orden de pago por $ 400 millones en títulos de una deuda original de $ 29 millones).

Asimismo, se librará oficio al Consejo de la Magistratura para que informe si se recibieron denuncias contra Ana María Cappolupo de Durañona y Vedia,Amalia Berraz de Vidal, Gustavo Hornos, Gustavo Losada y otros magistrados que intervinieron en el caso Macri.

A pedido de la peronista de Salta, Sonia Escudero, se incorporó una pericia contable para determinar cómo debe pagarse la deuda, según el criterio de un especialista independiente de la cartera que preparó la polémica liquidación.

Esto provocó un ríspido cruce entre damas del PJ.

Sonia Escudero: Se acusa al doctor Moliné de haber legitimado un proceso administrativo fraudulento. Por eso, debemos garantizar que la prueba pericial sea correcta. Y que no sea aportada por la propia parte interesada, el Ministerio de Economía. Para determinar si hubo una maniobra fraudulenta, propongo se haga un sorteo entre los peritos inscriptos en la Corte.

Cristina de Kirchner: La garantía de transparencia está asegurada por los propios senadores, la gente que sigue el proceso y la prensa que controla. El perito será designado por la comisión.