El Gobierno nacional aceptó la renuncia del juez de la Cámara de Casación Penal Gustavo Mitchell, quien está involucrado en una causa por supuesto "tráfico de influencias" para beneficiar a detenidos por el crimen del militante del PO Mariano Ferreyra.
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Mitchell, a su vez, era uno de los jueces cuestionados por organismos de Derechos Humanos, los cuales lo señalan como supuesto autor de una entrega irregular de un bebé hijo de una desaparecida uruguaya durante la última dictadura militar.
Mediante el decreto 1758/2011 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno aceptó la renuncia del magistrado y en ella sólo señaló que "es necesario proceder a la aceptación" de la dimisión.
La renuncia de Mitchell fue firmada con retroactividad al 30 de septiembre pasado, y la misma se da en un momento en que en la Casación hay una fuerte interna que incluye un pedido de renuncia entre sus integrantes.
Mitchell era cuestionado por los organismos de derechos humanos, los cuales lo acusan por la entrega en adopción del niño Simón Riquelo al subcomisario Osvaldo Parodi, quien participó en el grupo operativo que secuestró a la ciudadana uruguaya Sara Méndez.
Además, Mitchell está involucrado junto con sus pares Eduardo Riggi y Mariano González Palazzo, en una causa en la que están sospechados de haber sido tentados con coimas para favorecer a los detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra, entre ellos el sindicalista José Pedraza.
La acusación del fiscal Sandro Abraldes hacia los tres jueces fue luego de detectar llamadas telefónicas de un exjuez y quien fuera abogado de uno de los detenidos por el crimen, y en las cuales se hacía referencia al supuesto ofrecimiento de coimas a algunos de esos jueces.
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