Acusan, pero sin votos, a Magistratura porteña

Política

La Comisión de Juicio Político de la Legislatura porteña recomendó ayer enjuiciar a cinco miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, al finalizar la labor del grupo investigador de la Sala Acusadora. A los integrantes del Consejo se los acusa de presunto mal desempeño de sus funciones en relación con la administración del presupuesto, nombramiento de personal y su propio aumento de haberes en contra de la ley. Ahora, el dictamen de la comisión investigadora que preside el macrista Marcelo Godoy debe pasar a la Sala Acusadora, integrada por 45 diputados, donde si hubiera 30 votos a favor del juicio político se pasa a la Sala Juzgadora.

Hoy no habría suficientes adhesiones al menos para acusar a todos los consejeros, es decir, a María Magdalena Iráizoz, Diego May Zubiría, Juan De Stéfano, Carlos Rosenfeld y Bettina Castorino.

• Respaldo

Especialmente el titular del organismo, Rosenfeld, fue quien menos acusaciones recibió, por ser más nuevo en el Consejo además de contar con el respaldo de un sector del kirchnerismo.

El juicio a los consejeros -2 representantes de los legisladores y 3 de los abogados- es el primer proceso de ese tipo que lleva adelante la Legislatura. Lo comenzó en noviembre del año pasado y recibió por parte de los acusados impugnaciones y nulidades, una de las cuales se refiere a que en su momento se votó en el recinto la apertura del proceso, lo que es considerado para algunos prejuzgamiento.

• Cuatro informes

La comisión, integrada por 13 legisladores, emitió ayer cuatro informes diferentes, uno de mayoría y tres de minoría. El informe de mayoría fue firmado por los representantes del macrismo y la izquierda, pero también por el kirchnerista Miguel Talento, aún con disidencias parciales. Luego los kirchneristas Silvia La Ruffa y Diego Kravetz redactaron un informe propio en el que no acusan a Rosenfeld; también Ariel Schifrin junto con el arista Fernando Melillo emitieron otro dictamen diferente, y por su cuenta la ibarrista Sandra Dosch hizo lo propio.

A los consejeros se les imputan seis acusaciones relacionadas con haber cobrado compensaciones adicionales en sus haberes que no correspondían, haber nombrado personal sin el proceso de concurso y a la vez no haber dispuesto de empleados para los fueros judiciales (contravencional y contencioso administrativo y tributario que son los de competencia local), haber subejecutado el presupuesto mientras el Poder Judicial tendría serias deficiencias edilicias para su funcionamiento, negligencia en la provisión adecuada de insumos y falta de llamado a licitación que habría sido reemplazado por contrataciones directas.

A partir de ahora, la Sala Acusadora dispone de diez días hábiles para definir la votación acerca de la situación de cada uno de los consejeros, en un proceso similar al que se lleva adelante con las acusaciones a
Aníbal Ibarra en relación con el caso Cromañón.

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