27 de agosto 2020 - 13:55

La AFI ya no realiza "perfilamientos" de ciudadanos extranjeros

La Agencia de Inteligencia aclaró a los jueces federales que ya no interviene en la tramitación de las "cartas de ciudadanía", que solicitan los extranjeros para obtener la nacionalidad.

La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, envió la Resolución 887/2020 que impiden desde ahora el “perfilamiento” de extranjeros a la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, envió la Resolución 887/2020 que impiden desde ahora el “perfilamiento” de extranjeros a la Corte Suprema de Justicia y la Cámara Federal de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
Télam

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, aclaró a los jueces federales que el organismo ya no interviene en la tramitación de las “cartas de ciudadanía”, que solicitan los extranjeros para obtener la nacionalidad argentina.

“La AFI no es responsable de archivos o bases de datos que permitan responder los requerimientos respecto de los medios de subsistencia de una persona; sus antecedentes penales, o si existen pruebas sobre su participación en actos de carácter público que significaren la negación de los derechos humanos, la sustitución del sistema democrático, el empleo ilegal de la fuerza o la concentración del poder personal”, aclaró la intervención de la Agencia.

Hasta la gestión de Mauricio Macri, la AFI se ocupada de elaborar los denominados perfilamiento de ciudadanos extranjeros para que luego un juez defina si le otorgaba la nacionalidad. Se trataba, en todos los casos, de información requerida por los magistrados a los fines de evaluar la entrega o el rechazo de la ciudadanía, para los que realizaron el trámite de naturalización.

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Caamaño tomó la decisión a través de la Resolución 887/2020, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La interventora explicó que se reciben diariamente en la AFI una significativa cantidad de pedidos de informe de antecedentes, en los términos del artículo 5 del Decreto 3213/1984 -reglamentario de la Ley de Ciudadanía N°346-, que habilita a los jueces a requerir a reparticiones públicas, privadas o a particulares informes que consideren pertinentes a los fines de establecer si existen causales que impiden otorgar la ciudadanía argentina por naturalización.

El artículo 3 del Decreto 3213 menciona la ausencia de medios de subsistencia honestos; estar procesado en el país o en el extranjero por delito previsto en la legislación argentina, hasta no ser separado de la causa; haber recibido una condena a pena privativa de la libertad mayor a tres años por delito doloso, en el país o en el extranjero, entre otras.

Pero desde la intervención, la AFI expresó en todos los casos de pedidos de informes que el organismo no cuenta con información para aportar. “Se debe a que el marco constitucional y legal en que desarrolla su actividad la Agencia Federal de Inteligencia impide suministrar información alguna que pueda resultar de utilidad”, remarcaron desde el organismo.

En efecto, el artículo 4° de la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe expresamente a los organismos de inteligencia cumplir funciones policiales o de investigación criminal, así como obtener información o almacenar datos de personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas u opinión política, de adhesión o pertenencia a organizaciones, así como la esfera lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.

“Por todo ello, resulta razonable y conveniente evitar el dispendio de recursos, otorgar celeridad y eficacia a las respuestas que éste órgano se halle facultado a brindar en el marco de sus funciones y, por ello, se estima pertinente comunicar a los jueces federales con competencia para tramitar solicitudes de cartas de ciudadanía que ésta Agencia Federal de Inteligencia no es responsable de archivos, registros o bases de datos que permitan informar respecto a los impedimentos previstos en el artículo 3° del Decreto N° 3213/1984”, señaló Cristina Caamaño en la Resolución 887/2020.

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