Fiscalía impulsó la causa para que se investigue a la AFIP de la era Macri

Picardi no solo requirió que se abra investigación sino que solicitó informes al Poder Judicial y al organismo recaudador. Abad, Cuccioli y Mecicovsky.

¿Puedo ser monotribbutista y trabajar en relación de dependencia?

Mariano Fuchila

El fiscal federal Franco Picardi solicitó las primeras medidas de prueba de fondo e impulsó así la investigación para determinar si la AFIP ejerció “hostigamiento fiscal” contra la exsenadora y actual vicepresidenta Cristina de Kirchner y sus hijos durante el Gobierno de Mauricio Macri. Esa cuestión suma aristas tal como adelantó Ámbito que aparecen reveladas en el juicio Oil Combustibles y en la causa a cargo de María Servini que apunta contra la plana mayor del gobierno de Cambiemos y la excúpula de AFIP con Alberto Abad a la cabeza.

A través de un dictamen de una docena de páginas, el fiscal Picardi le requirió al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que solicite información a la AFIP y a distintos organismos del Poder Judicial. Según pudo saber Ámbito, parte de ellas están dirigidas, en principio, al juzgado y fiscalía federal de Río Gallegos, desde donde se impartieron las ordenes para avanzar con la fiscalización sin notificar a la expresidenta, al contrario de como indica el procedimiento.

La semana pasada, Mercedes Marcó del Pont había presentado ante la Justicia los resultados de dos auditorías internas dispuestas en febrero después de las presentaciones formuladas por la expresidenta y allí se indicó que se había detectado “la posible comisión de ciertos hechos, por parte de la AFIP durante las gestiones del doctor Alberto Abad y del ingeniero Leandro Cuccioli” encuadrables en los delitos de “Abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita”.

En aquella presentación se enumeraron al menos ocho tipos de irregularidades distintas que, según la denuncia, daban cuenta de la “presunta finalidad persecutoria contra la principal referente del espacio político opositor durante el período 2015-2019 y sus hijos”. Sobre eso se apoyó el requerimiento de instrucción, primer paso para que avance la causa. Las irregularidades denunciadas por la actual gestión de la AFIP y recogidas en el dictamen fiscal fueron:

1. La iniciación y continuación, durante un año, de una fiscalización contra la exmandataria “sin siquiera intentar notificarla de manera efectiva” con un “llamativo aval de la fiscalía que había ordenado la determinación de la eventual deuda tributaria”.

2. La persistente notificación ulterior en un domicilio que no tenía vinculación alguna con ella.

3. Irregularidades en las determinaciones de deuda de ella y de sus hijos Máximo y Florencia.

4. La realización de 132 consultas sistémicas sobre información fiscal sin fundamento legal siquiera aparente.

5. La intervención de funcionarios de AFIP distintos a aquellos que resultaban competentes.

6. La actuación de funcionarios de AFIP en causas judiciales en supuesta representación del organismo sin mandato para ello (tales como Jaime Mecicovsky).

7. La creación, dentro de AFIP, de grupos de seguimiento y control de las actividades de contribuyentes específicos, sin respaldo legal suficiente. Eso apuntaba a dos grupos empresarios: Grupo Indalo y Austral Construcciones.

8. La existencia de una actuación coordinada, con vías de comunicación alternativas y distintas a las formales, con juzgados y fiscalías federales. Este punto señala a Claudio Bonadio y a Gerardo Pollicita.

Entre aquellos funcionarios que presuntamente habrían participado de las maniobras denunciadas se encuentra el “agente Jaime Mecikovsky” quien habría actuado sin una autorización formal que lo designara como auxiliar de la justicia o lo comisionara para poder prestar funciones ante otro poder del Estado. Es más, en las oficinas que ocupaba en la Subdirección de Operaciones Impositivas del Interior había salas especiales destinadas a guardar documentación judicial dentro de la AFIP.

La causa en la que la vicepresidenta interviene como querellante tramita precisamente en el juzgado que ocupó Bonadio hasta su muerte y ahora encabeza el juez Martínez de Giorgi; mientras que la fiscalía que impulsó la investigación está interinamente a cargo de Picardi porque su titular, Paloma Ochoa, se encuentra de licencia.

Las medidas de prueba solicitadas por la fiscalía, en su mayoría, permanecen bajo resguardo hasta que el juez las autorice, como un primer paso para avanzar contra la excpupula de AFIP.