Ahora abogado de Núñez Carmona acusa a Rívolo de "formar parte de una operación política"

El abogado defensor de José María Núñez Carmona, Diego Pirota, denunció que el fiscal que investiga la situación de la empresa Ciccone Calcográfica, Carlos Rívolo, "forma parte de una operación montada en torno a esa causa" y lo acusó de haber ordenado un allanamiento ilícito para perjudicar al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.

Pirota advirtió que Rívolo orienta la investigación "en un sentido determinado, alejándose de lo que la prueba de la causa dice", y "está formando parte, ya sin ninguna duda, porque lo hemos podido constatar en el análisis del expediente, de una verdadera operación montada en esta causa".

Pirota, quien ayer presentó ante la Justicia un oficio de recusación contra Rívolo por su "pérdida de objetividad", advirtió que "ese direccionamiento se ve claro cuando se analiza lo que está haciendo y todo lo que pasó con el allanamiento realizado la semana pasada" a una propiedad de Boudou, procedimiento que consideró de "injusto, innecesario e ilícito".

Rívolo "ha venido haciendo una manipulación de la prueba, y en virtud de esa manipulación se llegó al allanamiento", recordó el letrado en declaraciones a radio Continental, y destacó que en la presentación "no sólo planteamos que cometió irregularidades procesales sino que estamos hablando de la comisión de hechos ilícitos por parte del fiscal".

Pirota recordó que ayer, después de presentada la recusación, el fiscal Rívolo le envió una nota al juez Daniel Rafecas, a cargo de la causa, en la que se solidariza con él y le anticipa que no lo recusará, pese al intercambio de mensajes del magistrado con un abogado, en relación con la causa.

Al referirse a la resolución de la recusación, el letrado consideró que se plantea "una situación compleja" porque quien lo decide es Rafecas y, a la luz del intercambio de mensajes y el reportaje que le concedió a un semanario, "su situación en relación con la causa se ve bastante afectada".

"Creemos que el señor juez tiene que analizar seriamente su situación" porque al momento de tener que tomar importantes decisiones en la causa "ahora podría considerarse cuasi irregular", puntualizó.

Pirota señaló luego la necesidad de que en la sustanciación del expediente "haya un fiscal que investigue si hubo delito; si lo hubo, que vaya para adelante, y si ve que no lo hubo que pare con esta operación porque ya es un escándalo político más que jurídico".

Reclamó también la intervención de un juez "liberado de todo tipo de ataduras; que no tenga compromisos de ninguna especie, ni personales ni funcionales con nadie y que tome las decisiones que hay que tomar".

Si en la causa surgen pruebas "que van en contra de un secretario, un ministro, un vicepresidente, que las tome, pero si no las tiene que las desestime", pidió.

Porque -continuó- "si es una causa armada para montar una situación política y judicializarla, que tenga las agallas suficientes para plantearlo en la causa y asumir el costo de cerrar una investigación que no tiene sentido y, si tiene sentido, que haga lo que la ley manda".

Pirota reafirmó finalmente que "nosotros creemos que el fiscal desde todo punto de vista es partícipe de una situación ilícita", y que el juez, "por cuestiones que son de conocimiento público, no tiene la libertad suficiente para tomar las decisiones que la causa necesita".