Allanaron al director del Servicio Penitenciario Federal por presuntos vínculos con empresas proveedoras de comida en mal estado a presos

La Justicia investiga a Fernando Martínez por presuntos vínculos con empresas que habrían provisto alimentos en mal estado en el penal de Ezeiza.

Villena ordenó el allanamiento del director del SPF por presuntos vínculos con empresas proveedoras de comida en mal estado.

El juez federal Federico Villena ordenó el allanamiento de las oficinas de Fernando Martínez, director del Servicio Penitenciario Federal, por sospechas de vínculos con empresas proveedoras de comida denunciadas por entregar alimentos en mal estado a personas privadas de la libertad en el penal de Ezeiza.

El procedimiento se llevó a cabo el viernes por la mañana en las oficinas del titular del SPF, cargo que Martínez ocupa desde 2024 tras haber sido designado por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La medida judicial se enmarca en una investigación que apunta a una presunta cartelización del servicio de alimentación en cárceles federales, particularmente en la Unidad Penal de Ezeiza.

Según relataron fuentes policiales, el allanamiento se tornó tenso cuando Martínez entregó a la Justicia un teléfono celular que no era el que utilizaba habitualmente. Al advertir la situación, los funcionarios judiciales le solicitaron el dispositivo de uso diario, pero el director del SPF afirmó de manera sorpresiva que lo había “extraviado” ese mismo día.

El procedimiento apunta a una posible cartelización del servicio de alimentación en la cárcel de Ezeiza.

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Ante esa respuesta, Villena ordenó rastrear los últimos impactos del celular en antenas de telefonía móvil. El resultado del informe llamó aún más la atención del magistrado: el teléfono había registrado su última conexión una hora antes del allanamiento, cerca del estadio de Huracán, en el barrio porteño de Barracas. “O fue mucha casualidad o alguien le avisó que iban a allanar”, ironizó una fuente con acceso a la causa.

Investigación por comida en mal estado en la cárcel de Ezeiza: una causa que lleva años

La decisión del juez de avanzar sobre el director del SPF se vincula con una investigación de larga data. Años atrás, Villena intervino tras un habeas corpus que denunciaba comida en mal estado en Ezeiza. En ese expediente, peritajes realizados con la ANMAT detectaron niveles de Escherichia coli por encima de los valores permitidos, lo que llevó a prohibir a la empresa Foodrush volver a participar en licitaciones del Servicio Penitenciario Federal.

Sin embargo, en una nueva licitación se presentó la firma Bio Limp, sin antecedentes en el rubro alimentario. Poco después de comenzar a proveer comidas, volvieron las denuncias de los detenidos. Nadie quería consumir los alimentos. Incluso el propio Villena comprobó la situación cuando visitó el penal, probó la comida y horas después se descompuso. “Un asco, vomitiva”, les relató luego a sus allegados.

Empresas pantalla, cartelización y la presunta responsabilidad del Servicio Penitenciario Federal

La investigación avanzó y reveló que los camiones utilizados por Bio Limp pertenecían en realidad a Foodrush. Además, se detectó que empleados de cocina eran los mismos y que existían facturas entre ambas empresas por alrededor de 150 millones de pesos. Para Villena, esta operatoria no podía haberse realizado sin el conocimiento de las autoridades penitenciarias.

El celular de Martínez, director del SPF, habría sido manipulado antes del allanamiento, según fuentes judiciales.

Por ese motivo, además de las empresas, el juez ordenó allanamientos en oficinas del penal y del propio director del SPF. “No podían desconocer esta licitación”, sostienen en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, donde aseguran que existen elementos para avanzar contra el Servicio Penitenciario Federal.

La causa contra el director del SPF se profundiza y suma nuevos elementos

Durante el procedimiento, Martínez se negó a firmar una constancia por la supuesta pérdida del teléfono, actitud que la Justicia interpretó como un desafío. A esto se sumó otro dato que generó inquietud: el funcionario se movilizaba en una camioneta a nombre de Enrique “Quique” Antequera, uno de los referentes de la feria La Salada y aún prófugo.

Mientras tanto, la fiscal federal Cecilia Incardona solicitó la nulidad de lo actuado, al considerar que las medidas se realizaron en un día inhábil y sin sorteo del juzgado. Desde el entorno de Villena replicaron que “si Martínez no tiene nada que ocultar, no tiene por qué negar su teléfono a un juez”.

Consultado por la prensa, Villena evitó hacer declaraciones, aunque confirmó que informó la situación a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien le expresó su respaldo. La causa, lejos de cerrarse, promete nuevos capítulos en una investigación que pone bajo la lupa al sistema penitenciario federal.