La Asociación Civil Observatorio Social que preside el candidato a diputado nacional del Cambiemos Eduardo Amadeo no presentó balances ni informes correspondientes sobre su integración ante la Inspección General de Justicia (IGJ).
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La diputada Gabriela Alegre (FpV) contó a la agencia oficial Télam que "el caso Amadeo surgió porque investigamos a partir de las propias declaraciones que él hizo en televisión, donde se jactaba de que él tampoco tenía transparentado ningún contrato con el Gobierno de la Ciudad, cuando nosotros sabíamos que había dos ONG con el mismo domicilio fiscal, que habían recibido dinero proveniente del gobierno porteño".
"Fuimos a constatar la información y descubrimos que existen 44 convenios y subsidios entre el año 2008 y 2015 entre las partes, de las cuales, sólo cuatro están publicados en el boletín. El monto por esas transferencias alcanza una suma cercana a los $ 4 millones", relató Alegre.
La legisladora explicó que "a diferencia de lo que sucede con el caso del conductor Fernando Niembro -por montos que alcanzaron los $ 23 millones-, no hubo contratación directa ni se puede invocar el Decreto 556, porque al tratarse de subsidios y convenios no entran en esas figuras, pero deben sí o sí estar informados debidamente y transparentados porque si no sería muy fácil poder disponer del dinero del erario público sin dar ningún tipo de explicación".
Las ONG se dedican a evaluación de situaciones sociales y según relataron desde el macrismo los trabajos realizados permitieron observar datos sobre pobreza en la Ciudad.
Tanto la Asociación Civil Observatorio Social como la Asociación Argentina de Políticas Sociales están presididas por Amadeo y facturaron más de $ 4 millones al Gobierno de Mauricio Macri a lo largo de los últimos diez años. De aquellas operaciones, solamente cuatro figuraron en el Boletín Oficial porteño y por montos inferiores.
La Resolución General 7/05 de la IGJ estipula que las asociaciones civiles deben comunicar a la IGJ la celebración de sus asambleas ordinarias con 15 días hábiles de anticipación, la cual debe ser acompañada por "los estados contables firmados por el representante legal, con informes de auditoría y del órgano de fiscalización y el inventario anual".
También establece que debe incluir declaración jurada de cada uno de sus miembros donde, entre otros datos, manifiesten "que no se encuentran comprendidos en inhabilidades o incompatibilidades legales o reglamentarias para revestir dichas calidades y si son personas expuestas políticamente".
Resulta curioso que en el comunicado de prensa que publicó en su perfil de Facebook luego que estalló el escándalo se aclaraba que "todas las actividades (del Observatorio) son publicada en su web; sus balances presentados ante la IGJ, desde su fundación".
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