Los ambientalistas de Gualeguaychú se encargaron ayer de transmitirle a Alberto Fernández un mensaje claro: Romina Picolotti llegó a la Secretaría de Ambiente por un acuerdo político entre el gobierno provincial y la Nación, y no por haber sido abogada de la Asamblea Ambiental por el conflicto de las papeleras.
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Los cinco representantes de la ciudad que más batalla ha dado contra la instalación de Botnia en Fray Bentos entraron al despacho del jefe de Gabinete quien los recibió junto al canciller, Jorge Taiana, un instante después de la reunión que la cuestionada funcionaria mantuvo con Fernández.
Todavía flotaba en el aire el resabio de un encuentro tenso, en el cual Picolotti intentó jugar su carta de descargo.
Hasta ayer, la agenda de los entrerrianos no incluía a la abogada cordobesa, pero frente a los últimos episodios decidieron incluir también en la bitácora de la reunión un capítulo en el que quedara clara la postura de la Asamblea.
«El Presidente y este ministro convocaron a Picolotti por decisión propia», calmó Fernández.
Para los dirigentes de Gualeguaychú que ayer recalaron en la Casa Rosada, la secretaria de Medio Ambiente fue «víctima de la inexperiencia» y buscaron, por todos los medios, dejar claro que Picolotti «resultó muy importante para encauzar la batalla legal contra las pasteras». «Su ascenso a la escena política estaba fuera de los intereses de la Asamblea», advirtieron.
Aspectos centrales
Aunque costó superar el capítulo que involucraba a la funcionaria, los ambientalistas avanzaron después sobre otros aspectos centrales.
Pidieron que el gobierno impulse en el Congreso de la Nación una ley similar a la Ley de la Madera que aprobó recientemente Entre Ríos, que impide a esa provincia vender materia prima al sector pastero, en clara referencia a Botnia, ya que la finlandesa preveía abastecerse de madera argentina.
También buscaron que el jefe de Gabinete les aportara precisiones sobre la estrategia que la Cancillería desarrollará en el encuentro que mantendrán el 30 y 31 de este mes representantes de la Argentina y Uruguay en Nueva York en el contexto de la mediación que encabeza España a través de su embajador ante las Naciones Unidas, José Antonio Yáñez Barnuevo.
El otro eje central de la reunión de ayer fue analizar la intención del gobierno de Tabaré Vázquez de volver a enviar tropas a la zona de Botnia por temor a ataques de ambientalistas en octubre, cuando la compañía comience a funcionar. Sobre ese punto, los entrerrianos -que junto a sus pares de Colón y Concordia mantienen bloqueados los pasos terrestres desde noviembre- descartaron que estén pensando en recurrir a la violencia y exigieron al gobierno nacional que encare una gestión diplomática en ese sentido.
Precisamente, se conoció ayer que Botnia y ENCE (mudó su planta a la zona de Colonia) solicitaron a la policía uruguaya protección especial para sus plantas de producción de madera, luego de un incendio que se registró en una cinta transportadora de la planta de astillado que la compañía españolatiene en Montevideo. Aunque el gobierno oriental descarta una «invasión masiva» de ambientalistas de Entre Ríos, el Ministerio del Interior uruguayo dispuso como plan de contingencia el envío de un equipo de la Guardia Republicana a Fray Bentos como eventual apoyo en caso de ser necesario frente a la posibilidad de que se concreten «actos aislados».
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