10 de junio 2002 - 00:00

Amenaza para la democracia

Los riesgos de la actual democracia no estriban en la posibilidad de su inexistencia sino en su desvirtuación. El corporativismo hoy no compite con la democracia sino que actúa dentro de ella y mediante la vigorización sectorial primero intenta influenciar sobre los órganos que ejercen el poder del Estado para convertirlos en una expresión títere de sus intereses, en contra de la defensa del bien común que el Estado republicano está llamado a defender y cuya síntesis magistral se encuentra en el preámbulo de nuestra Constitución. El fortalecimiento interior de la célula corporativa se produce cuando una organización de intereses sectoriales o una institución determinada, estatal o no, genera un ordenamiento «propio» y se sustrae del ordenamiento general.

Esa vigencia especial de la norma queda supeditada, entonces, a una disposición «supralegal» que privilegia los intereses de la «corporación» por sobre las disposiciones constitucionales.

• Supralegalidad

En la mayoría de los casos esta «supralegalidad corporativa» es un «entendimiento» no escrito. En algunos casos extremos se instrumenta mediante leyes que, a pesar de estar estigmatizadas como inconstitucionales, han regido en no pocas oportunidades como los códigos militares y la delegación de funciones estatales a entes profesionales corporativizados que hoy integran un órgano corporativo como es el Consejo de la Magistratura.

¡El corporativismo llegó al texto constitucional! Cuando esto se concreta resulta ser la etapa donde, este sistema, muestra su cara más efectiva a sus intereses y, a su vez, la más perniciosa para la democracia sustancial.

La inmediata consecuencia de la vigencia de este concepto antirrepublicano y violatorio de la igualdad ante la ley provoca un avance de la concepción aislacionista hacia el debido control jurisdiccional provocando primero inmunidad privilegiante y, luego, impunidad aberrante.

Cuando una agrupación de intereses profesionales o económicos, o una institución determinada llega a este punto de negar la posibilidad de someter sus actos al control del Poder Judicial, se arriba a un punto de agresividad que pone, o debería poner, a la república democrática sobre aviso de riesgo existencial.

Si el Poder Judicial encuentra que las disposiciones de las normas generales resultan inaplicables, en determinados estamentos de las formaciones sociales o institucionales, está reconociendo su crisis y, con ella, la de la constitucionalidad de su función.

Cuando la Constitución «que es el baluarte contra los intereses egoístas» no recibe del Poder Judicial la custodia para su efectiva vigencia sin diferenciación alguna, entonces carecerá, la Constitución, de fuerza y eficacia. Se abre, así, el camino que puede tener como destino final el de la anarquía que hoy parece avizorarse en el país.

Verificada esta situación, la república democrática entra en riesgo. Esta actitud se potencia en grado superlativo cuando, el mismo Poder Judicial se corporativiza y bajo esas premisas subordina su función. El más claro ejemplo fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia, contrariando el principio de la igualdad ante la ley, decreta inconstitucional la obligación que se les imponía a los jueces de tributar el Impuesto a las Ganancias. Al verificarse esto como una práctica estructural se habrá llegado, entonces, a un avance del corporativismo sobre la democracia.

Si a nivel Ejecutivo y Legislativo se «pacta» la exclusión jurisdiccional y el Poder Judicial, encargado constitucionalmente de evitar esta desvirtuación, ha sido infiltrado por ese concepto sectario, aislacionista y antirrepublicano, la república habrá entrado en su crisis terminal.

• Primeras víctimas

El bien común, el interés social resultan escollos para el corporativismo y así es que resultan sus primeras víctimas, los logros del corporativismo no se hacen procurando esos valores sino a expensas de ellos.

Ante esta perspectiva la democracia republicana debe reaccionar rápidamente para no dejar avanzar esta deformación que intenta carcomerla, asumiendo los riesgos que eso implica.

A partir de ello se deberán instrumentar los medios conducentes y eficientes para evitar que lo que queda de esta democracia quede convertida en la suma grotesca de «cajas de Pandora» o «cotos cerrados» enquistados en las instituciones de esta república a la que, de tanto agredirla, quienes la debían defender y servir la han agotado.

Se torna imperioso dar paso a la «segunda república» que recree un Estado más ágil y dinámico. Que esté al servicio de la democracia y de sus ciudadanos devolviéndoles su soberanía para que deliberen y gobiernen a través de sus representantes, y no que éstos lo hagan a costa de sus representados, imponiéndoles niveles de vida basados en la reducción del salario y la confiscación de sus ahorros a favor de intereses corporativos hacedores de la devaluación a través de gobernantes elegidos también merced a componendas corporativas como el actual presidente.

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