El radicalismo apelará a todas las armas posibles, incluso restar el quórum, para impedir que el gobierno consiga la delegación de facultades especiales -superpoderes- dentro del articulado del Presupuesto Nacional 2005.
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El dato no es menor ya que la ausencia de los radicales del recinto podría impedir la votación del proyecto. Y comenzó a sobrevolar el Congreso la idea que el gobierno necesita esos poderes no sólo para manejar la mayor recaudación esperada -superior a lo proyectado- sino también para disponer de fondos extra para aplicar al pago de deuda, en caso de necesitar una mejora hoy no contemplada en los números, para ofrecer a los acreedores.
La decisión de los opositores se tomó ayer durante una reunión del Comité Nacional partidario donde participaron los jefes de los bloques radicales del Congreso y asesores como el mendocino Raúl Baglini.
Uno de los problemas es que el peronismo ha elegido como defensa al artículo 11 del proyecto de Presupuesto 2005 -que permite modificar partidas sin limitaciones o ejecutar gastos de capital como corrientes, todo sin sujetarse a la Ley de Administración Financiera del Estado ni a la reciente Ley de Responsabilidad Fiscal- una comparación con los «superpoderes» que el Congreso terminó otorgándole a Fernando de la Rúa, y más directamente a Domingo Cavallo, en la ley de emergencia dictada en marzo de 2001. Fue el mismo paquete que terminó desdoblado creando en primer lugar el impuesto al cheque y luego una cesión de facultades amplísimas para renegociar contratos viales o disolver y modificar entes públicos y mover a su personal, entre otros poderes.
La gran mayoría de esos «superpoderes» nunca fueron utilizados hasta que, en medio de la crisis final del gobierno aliancista, el Congreso los derogó por presión del peronismo.
Las facultades otorgadas fueron lo suficientemente amplias como para que Elisa Carrió en ese momento amenazara: «¡No votemos ese artículo! ¡No lo votemos, se los ruego! Si lo hicieran, con el dolor en el alma, voy a formular una denuncia de acuerdo con lo que prescribe el artículo 227 del Código Penal de la Nación». Se refería la jefa del ARI al delito de traición a la patria del que estaba acusando a todo el oficialismo.
• Facultades
Con el recuerdo de ese debate encima, los radicales definieron que las facultades extraordinarias otorgadas a De la Rúa no tenían nada que ver con los actuales superpoderes que el gobierno busca en el Presupuesto y menos con la prórroga a la Ley de Emergencia Pública -la misma que utilizó Eduardo Duhalde para salir de la convertibilidad y que vence en diciembre después de haber sido renovada-: «Ese proyecto en el artículo 1 le deja al gobierno la facultad para fijar el mecanismo cambiario que se le ocurra. Esto es mucho más que cualquier poder que se nos acusa haberle dado a Cavallo», decía ayer Baglini.
La UCR llegó al consenso, entonces, que con la actual redacción del artículo 11 del Presupuesto 2005, no se van a sentar ni siquiera a discutirlo. En el debate de la mesa del Comité Nacional sólo se dudó sobre anunciar o no públicamente que la UCR restaría el quórum a la sesión del Presupuesto, una medida que nunca se dio en la historia reciente del Congreso.
Para mantener el equilibrio se decidió usar todas las herramientas de negociación disponibles y presionar para que se modifique el proyecto. De no hacerlo el gobierno, los radicales no se sentarían en sus bancas.
Mientras tanto, el peronismo definirá su postura el próximo martes en una reunión del bloque. Faltando sólo dos semanas para la fecha en que José María Díaz Bancalari prometió votar el Presupuesto 2005 en Diputados, el bloque PJ está prácticamente encolumnado detrás de la defensa de los poderes especiales al gobierno. Sólo propondrán una modificación: esa atribución para modificar cualquier partida del Presupuesto sólo podrá ser ejercida en forma indelegable por el jefe de Gabinete.
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