Andanada de demandas por el juicio a Ibarra

Varias denuncias se conocieron ayer en torno al juicio político que le sustancia la Legislatura porteña al suspendido jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, cuando hoy se
pronunciarán los alegatos por parte de defensores y acusadores.

• El abogado de familiares de las víctimas del local Cromañón, José Iglesias, a la vez padre de uno de los jóvenes fallecidos, formuló una denuncia judicial por un presunto pago para que el legislador zamorista Gerardo Romagnoli abandone su butaca en la Sala Juzgadora. Esa comisión la integran quince legisladores, que deben reunir 10 votos para destituir a Ibarra. Con el alejamiento del zamorista, el jefe porteño suma esa abstención a su favor, lo que haría presumir a Iglesias que se trató de una maniobra.
El abogado presentó su sospecha ante la Cámara del Crimen, acusando a la esposa de Luis Zamora, la legisladora Noemí Olivetto, a Romagnoli y al ex legislador porteño Jorge Mercado, de quien considera «es el primero que negocia». Además Iglesias denunció al jefe de Gabinete porteño, Raúl Fernández; al subsecretario de Gestión y Administración Financiera, Fernando Calvo, y al vicepresidente del Banco Ciudad, Pablo Maggioli. Para sostener su presentación, el abogado explicó que tendría « testigos y documentación para que analice la Justicia» y que dentro de ese grupo de testigos hay legisladores porteños. «Lejos de aparentar ser una decisión aislada de la suerte política del jefe de Gobierno suspendido, se enmarca en una serie de hechos que ponen bajo un manto de sospecha su legitimidad», dijo el abogado con respecto a la renuncia de Romagnoli.
Desde el gobierno porteño restaron importancia a la denuncia judicial.

• Por su parte, el legislador Rubén Devoto, fiscal en el juicio político, ofreció ayer una conferencia de prensa en la que anticipó que concurrirá hoy a la Justicia para denunciar a Aníbal Ibarra por supuesto cohecho. «Es evidente que Ibarra no ejerció el poder de fiscalización y control ni preparó a la ciudad para un hecho como el de Cromañón, pero sí puso todas sus energías en centralizar la recaudación a través de un grupo de funcionarios de su círculo íntimo», consideró el legislador.

Además la denuncia se extiende al ex secretario de Seguridad Juan Carlos López y otros ex funcionarios, de acuerdo con la presentación que hará hoy Devoto con el abogado Marcelo Parrilli.

• También ayer se conoció que la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) hizo una denuncia el viernes. El organismo se refiere a legisladores que, considera, han anticipado su voto y reclama por los derechos de Ibarra.
En una nota dirigida al titular de la Legislatura porteña, Santiago de Estrada, las autoridades de la APDH denunciaronpor mal desempeño a miembros de la Sala Juzgadora que debe emitir dictamen sobre la situación de Ibarra. Se basan en que «a partir del lunes 13 de febrero corriente se ha producido una suerte de estallido de anomalías latentes en este juicio». Se refieren al día en que los legisladores realizaron una inspección al local Cromañón, donde murieron 194 personas la noche del 30 de diciembre de 2004.

• Declaraciones

Dicen que el legislador Marcelo Meis ( Recrear) declaró, inmediatamente luego de concluida la inspección ocular, que «resultó evidente que Cromañón careció de todo tipo de control» y que Beatriz Baltroc «manifestó que la recorrida le fue útil para verificar que desde el principio existieron serias anomalías en la habilitación del edificio». En el mismo sentido el organismo acusa a los fiscales Jorge Enríquez y Rubén Devoto y pide la remoción de los cuatro diputados de la Sala Juzgadora. Los copresidentes de la APDH, pastor Aldo Etchegoyen y Alberto P. Pedroncini, sostienen que Meis y Baltroc transgredieron «su obligación de no emitir opinión sobre el valor de las pruebas incorporadas al proceso antes de dictar sentencia» y que «han incurrido en mal desempeño de sus funciones».

«Da pena ver cómo una entidad que tiene por objeto la defensa de los derechos humanos aparece de una forma tan burda tomando partido por alguien que está siendo enjuiciado políticamente de conformidad con las normas constitucionales», sostuvo Enríquez en relación con el pedido.