El Ministerio de Defensa tomó el control de los activos financieros que maneja el Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Es una entidad autárquica, creada por Ley Nº 22.919, que tiene a su cargo tanto la recaudación de los aportes del personal militar en actividad como las contribuciones del Estado, para efectivizar el pago de los haberes de retiro y pensiones militares, es la caja de jubilaciones.
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El decreto publicado ayer en el Boletín Oficial dispone que el presidente del directorio sea un funcionario de Defensa y reduce a la mitad la participación de los militares. Funciona en un edificio cercano al Teatro Colón y lo administraba un directorio (6 altos oficiales) nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta de los jefes de las Fuerzas Armadas.
En los años de conducción militar, no tuvo observaciones a sus cuentas de ninguno de los organismos de control estatal: Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y Auditoría General de la Nación (AGN). Más aún, el último informe de la SIGEN calificó al IAF mejor que la gestión de su controlador, el Ministerio de Defensa.
Ayer entró en vigencia el Decreto Nº 1628 que modifica la estructura del directorio, y ahora la administración y la inversión de los recursos capitalizables pasan a la órbita de Defensa con la intervención de representantes del Ministerio de Economía y de Trabajo. A diferencia de los sistemas jubilatorios, el retiro militar prevé que se siga descontando 11% a los haberes de los retirados y pensionados. Los aportes a la caja previsional surgen del personal en actividad, de los retirados y de los pensionados hasta la extinción del beneficio. Esos aportes generan una masa de dinero de alrededor de 4.600 millones de pesos anuales.
Integrantes
La nueva norma establece que el directorio del IAF será nombrado por el ministro de Defensa y se integrará con seis miembros, uno por Defensa, uno por el Ministerio de Economía, uno por el de Trabajo y tres oficiales superiores propuestos por el jefe del Estado Mayor Conjunto. El presidente del directorio será siempre el funcionario que designe el ministro de Defensa, medida que se ampara en el proyecto de control civil de las Fuerzas Armadas, aunque los uniformados la ven como una intervención disfrazada de cambio de estructuras.
El IAF está facultado a otorgar préstamos hipotecarios para viviendas individuales y colectivas, también puede operar con títulos valores nacionales siempre que se haga a través de bancos oficiales. Hay 2.600 millones de pesos capitalizados en la caja de jubilación militar a disposición del directorio político. Irresistible para varios proyectos que merodean el IAF al compás de la política del gobierno de construcción de viviendas sociales.
Ironías del destino, el almirante Jorge Godoy, único jefe militar que acompañó la modificación bajo su axioma de cabecera: «en política hay que ceder», quedó ahora en mejor posición para continuar al frente de la Armada. Otros que trabajaron como zapadores (n.r.: soldados especializados en construcciones de fortificación o destrucción) a favor del proyecto de Garré, por caso, los brigadieres retirados Eduardo Bianco y Rubén Montenegro, tendrán la alegría de la renovación de sus respectivos contratos de asesores en el Estado Mayor Conjunto. En tanto que el titular del Ejército, Roberto Bendini, quien había gastado una hora en el intento de convencer al secretario legal y técnico, Carlos Zannini, de la inconveniencia del decreto, suma otra derrota que lo aleja del sueño de reemplazar al brigadier general Jorge Chevalier en el sillón de jefe del Estado Mayor Conjunto.
Chevalier, una vez más, salvó la ropa, su sino de piloto bombardero lo mantuvo tan alejado del foco del conflicto como la elevación que tienen los aviones al lanzar sus cargas explosivas. El actual presidente del IAF, brigadier mayor retirado Francisco Serrat, presentará hoy su renuncia indeclinable al cargo. Deja atrás un proceso extenuante de idas y venidas, enfrentamientos verbales con Raúl Garré, hermano y jefe de Gabinete de la ministra, quien piloteó la modificación del organismo financiero. El resto del directorio castrense: generales Mario Chretien y Rodolfo Cáceres, almirantes Alvar Rodríguez y Diego Leivas, y brigadier Héctor Valeri, aguardan que la suerte los favorezca con la continuidad. Uno de ellos, el marino Leivas, cultivó un contacto: el secretario de Planeamiento del Ministerio de Defensa, Oscar Cuattromo. El decreto fija un plazo de cuarenta días a partir de la entrada en vigencia (ayer) para la integración del nuevo directorio y faculta a Defensa a limitar el mandato de los directores actuales.
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