Argentina-Uruguay el 8 de junio cita en La Haya

El tribunal de La Haya puso fecha: entre el 8 y el 9 de junio escuchará las posiciones de la Argentina y de Uruguay sobre el conflicto de las papeleras. Luego, la Corte decidirá si pide o no suspender las obras. Para el gobierno, se trata de la mayor apuesta para superar el conflicto, ya que, de no aceptarse este pedido, probablemente no se podrá impedir que las plantas se levanten y comiencen a producir. Por esto, Kirchner, desde Viena, sigue de cerca los argumentos que preparan los funcionarios que defenderán la posición local.

La Corte Internacional de La Haya comunicó ayer a las partes que el 8 de junio deberán explicar ante el tribunal sus respectivas posiciones.

La Argentina, representada oficialmente por la diplomática Susana Ruiz Cerrutti, presentará ante el tribunal de La Haya la posición del gobierno el 8 de junio y defenderá ese día el reclamo de una medida cautelar para que se suspendan las obras en las plantas de pasta celulosa de Fray Bentos. El mismo día, pero por la tarde, Uruguay tendrá la oportunidad de rebatir los argumentos argentinos. Un día después, habrá otra ronda de presentaciones donde las partes tendrán la alternativa de contestar las nuevas acusaciones que planteen los representantes legales, y luego, la Corte Internacional se tomará dos días hábiles, el 12 y el 13 de junio, para estudiar las dos posiciones, y a más tardar el miércoles 14 de junio se sabrá si se acepta el pedido argentino de una medida urgente de amparo y se paralizan las obras en Botnia y ENCE, o si éstas pueden continuar levantándose.

Mientras tanto, la cuestión de fondo, el llamado a un estudio ambiental para determinar si las plantas son o no contaminantes, va por otro camino y tendrá un período de resolución no menor a los cuatro años, según fuentes de la Cancillería argentina.

Ayer, dentro del Palacio San Martín, la sede de la Cancillería que maneja Jorge Taiana, se reunieron Ruiz Cerrutti con el asesor legal del ministerio, Juan Carlos Vega, y la titular del Centro de Derechos Humanos Ambientales (CEDHA), Romina Picolotti. En principio, sólo Cerrutti viajará a Holanda la semana próxima para concretar la presentación oral, donde estaría acompañada por el embajador argentino en ese país, Santos Goñi.

La primera conclusión a la que llegaron los tres abogados de profesión es que la apertura de las audiencias orales del 8 y el 9 de junio es una buena noticia, ya que el tribunal tenía originalmente unos 90 días para expedirse. El hecho de haber impuesto una fecha tan cerca de la presentación oficial realizada el 4 de mayo pasado provocó cierto optimismo dentro del ministerio, ya que fue interpretado como una toma de conciencia del tribunal ante el problema planteado.

El 8 de junio, la Argentina presentará sus planteos entre las 10 y las 13, mientras que Uruguay intentará rebatirlos entre las 15 y las 18, en tanto que al día siguiente los horarios serán al mediodía y de 16.30 a 18.30.

Medida cautelar

El caso que deberá resolverse es el pedido argentino de una medida cautelar para una suspensión inmediata de las obras de Fray Bentos, hasta que el trabajo de la comisión que el tribunal deberá formar para estudiar la posible contaminación de Botnia y ENCE realice su trabajo. El argumento del gobierno de Néstor Kirchner para este reclamo urgente es que no hay seguridad sobre el tema, ante la falta de información de las dos empresas. La réplica uruguaya se basa en que la construcción de las plantas, por sí misma, no provoca contaminación de ningún tipo, y que en todo caso, será a partir de los resultados de la investigación, y cuando las fábricas de pasta celulosa estén trabajando, que se podría reclamar una suspensión momentánea de la producción.

Sobre el posible fallo de la Corte, se menciona en los dos países que no hay jurisprudencia en las anteriores decisiones del tribunal que permita prever alguna orientación. Sólo hay resoluciones de medidas cautelares relacionadas con pedidos de pena de muerte o amenaza de matanzas como los sucesos de la década pasada en Sarajevo. Sin embargo, la Argentina confía en uno de los puntos de su argumentación presentada el 4 de mayo, donde se explica que las cuestiones ambientales están relacionadas con los derechos humanos y forman parte de los «nuevos temas» que debe comenzar a resolver el tribunal.

La Corte fue creada hace 60 años y, con asientoen La Haya, juzga los diferendos entre estados. Si bien sus decisiones son definitivas y sin apelación, la Corte no dispone de ningún medio para hacerlas aplicar. El llamado de la Corte Internacional llega poco después de que la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial difundiera un plan de acción que pide a las empresas otorgar más información del impacto ambiental que tendrían las plantas.