Sectores productivos, gremiales y de los gobiernos de las provincias con promoción industrial dejaron trascender su enojo con el jefe del Gabinete, Alfredo Atanasof, a quien acusan de haber frenado un decreto que debía disponer medidas para flexibilizar las condiciones de radicación de empresas industriales y agropecuarias.
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El descontento derivará en reuniones para encarar el tema a partir de la semana próxima. Por ahora sanjuaninos, riojanos, catamarqueños y puntanos mostraron su descontento porque Nación no emitió un decreto cuyo contenido fue acordado en varias reuniones celebradas en La Rioja y en Buenos Aires.
La historia del decreto comenzó en abril cuando se reunieron en La Rioja autoridades de gobierno, empresarios, productores y sindicalistas de las cuatro provincias con el entonces jefe de Gabinete Jorge Capitanich.
En esa reunión, Capitanich había asegurado que iba a «posibilitar el desarrollo de instrumentos que permitan que la Argentina sea una nación integrada», y ratificó la decisión del gobierno nacional de «trabajar con las provincias en políticas diferenciales».
Sin embargo, según los sectores involucrados, el actual jefe de Gabinete «tiene pisado» el decreto y se niega a presentarlo a la firma del presidente Eduardo Duhalde.
El decreto que habían consensuado las provincias con Nación incluía una serie de medidas de flexibilización en las condiciones de radicación de las empresas afincadas al amparo de la promoción industrial. Los interesados aseguran que esas medidas no producirán ningún incremento en el costo fiscal.
Entre otros aspectos las provincias proponen «la utilización de activos improductivos para poner en marcha nuevos puestos de trabajo», incluyendo, de ser necesario, autorizar «cambios de objeto societario».
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