Avanza en Diputados la reforma a la ley de alquileres

El oficialismo puso en consideración un proyecto alternativo para suavizar el impacto de la medida aprobada en la Cámara alta tras las críticas por parte de las cámaras inmobiliarias.

La Cámara de Diputados avanzó este jueves en el tratamiento de la modificación de la ley de alquileres que tiene media sanción del Senado y que es reclamada por representantes de las organizaciones de inquilinos, pero es cuestionada por sectores que representan al negocio inmobiliario.

La propuesta que fue aprobada en noviembre del año pasado por el Senado fue debatida durante una reunión de la comisión de Legislación General de la Cámara baja, que preside el macrista Daniel Lipovetzky.

El legislador cuestionó la norma sancionada por la Cámara alta y remarcó que "queremos tener la mejor ley posible, no la que nos vengan a apurar" y, en este contexto, defendió la iniciativa de su autoría con la firma de Karina Banfi (UCR) y Waldo Wolff (PRO).

Lipovetzky planteó la necesidad de avanzar con una "ley de alquileres sociales" para que el Estado asistas a aquellos inquilinos que no tienen garantías, una de las principales diferencias con la media sanción del Senado.

"Tenemos que regular este tema para ayudar a la gente. ¿Cómo no vamos a tener un ley de alquileres sociales?", esgrimió el legislador.

Durante la reunión, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, sostuvo que "lo que está fallando es la concentración de viviendas, cada vez hay menos propietarios", y apuntó que en la ciudad de Buenos Aires, "el 35 % de la población son inquilinos".

En este contexto denunció que pese a que "aumentar el precio de los alquileres está prohibido desde el año '91, en todo el país aumenta cada 6 meses" y el incremento ronda "el 15 por ciento", lo que obliga a destinar "la mitad de nuestro salario a pagar nuestros alquileres".

Armando Pepe, de la Cámara Inmobiliaria Argentina, advirtió que la propuesta aprobada por el Senado "es contraproducente para la actividad inmobiliaria" y advirtió que "tener un contrato por dos años con la posibilidad de rescindirlo a los seis meses, le da la posibilidad (al inquilino) de mudarse cuando quiera".

Facundo Di Filippo, ex diputado en la legislatura porteña por el partido Social y miembro de Colectivo por la Igualdad, evaluó que el proyecto que tiene media sanción es "de mínima" aunque consideró que "es importante acompañar".

"La exigencia que tenemos nosotros es que el Congreso trabaje en una norma definitiva. Hace dos años, tanto el Banco Mundial como el BID vienen exigiendo políticas en materia de renta", agregó Carlos María Ipuche, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de San Isidro (CMCPSI), defendió la función del sector y cuestionó la norma, mientras que Leandro Vera Belli del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sostuvo que "no puede ser que el alquiler quede liberado al mercado inmobiliario".

La propuesta que se discute fue aprobada por unanimidad en el Senado en noviembre de 2016, y establece la extensión a tres años el plazo de contratos de alquiler pero también dispone que los aumentos anuales no superen la inflación registrada por el INDEC.

La iniciativa, que fue impulsada por la organización Inquilinos Agrupados, implica una modificación el Código Civil y Comercial de la Nación.

El proyecto también manifiesta que si el destino del alquiler es habitacional "no podrá cobrarse el pago anticipado de alquiler mayor a un mes" y que "los depósitos tendrán que tener un importe equivalente al de un mes de alquiler".