Avanza el nuevo pacto fiscal

El Senado dio ayer media sanción al Pacto Federal Fiscal que obliga a las provincias a reducir 60% los déficit y transforma en coparticipable 30% de la recaudación del impuesto al cheque. Se elimina, asimismo, el piso a repartir de $ 1.364 millones mensuales. El convenio fue girado a Diputados, donde se lo terminaría de perfeccionar la semana que viene.

Se trata de una señal positiva al Fondo Monetario, que exigía la convalidación en el Congreso del acuerdo que suscribieron Eduardo Duhalde y los gobernadores del oficialismo y la oposición, excepto San Luis. Las provincias esperan recibir ahora la asistencia que -dicen-les venía retaceando la administración central. Ante las quejas, los funcionarios duhaldistas replicaban al interior que se preocupara por hacer votar el acuerdo.

En cuanto a los últimos pactos federales firmados, los legisladores fueron bastante expeditivos, pues ya terminaron de avalar el de reforma política que, entre otras cosas, promete disminuir el número de bancas. Un buen síntoma, a ojos de los organismos financieros internacionales.

Mientras tanto, los legisladores no ocultan reticencias a sacar de apuro otras leyes clave que necesita el gobierno. La semana que viene estarían listos los borradores del Ejecutivo con las modificaciones a «subversión económica» y Quiebras para consensuarlas con ambas cámaras.

José Luis Gioja (PJ-San Juan), que abrochó la aprobación en el recinto con los demás bloques, argumentó que se trata de un proyecto de «primerísima necesidad». Al mismo tiempo, como representante de las provincias, las defendió.

«No comparto para nada algunos comentarios que les echan la culpa de las dificultades financieras a las provincias», comenzó. «Las provincias han cumplido sus metas, han recibido muchos servicios por parte de la Nación sin recibir las partidas correspondientes», denunció el jefe de la bancada PJ.

Siguió la línea, aunque con algunas variantes, el peronista entrerriano Jorge Busti, quien subrayó el esfuerzo que hacen los distritos, al señalar que «la salud y la educación públicas están en manos de las provincias argentinas». Sin embargo, a la hora de plantear reparos, señaló que la libre disponibilidad de los fondos específicos «puede terminar con la obra pública, que es una fuente de generación de trabajo».

En la votación, los provinciales se dividieron entre los que son oficialismo en su distrito -como el Movimiento Popular Neuquino-y los que son oposición, Ricardo Gómez Diez (Renovador-Salta) y el tucumano Pablo Walter, de Fuerza Republicana. Los primeros, con Pedro Salvatori a la cabeza, acompañaron al PJ y la UCR, si bien con reservas. «Ojalá este pacto se cumpla y sirva para sancionar una nueva ley de coparticipación», se entusiasmó el delegado de Neuquén.

Que Gómez Diez y Walter se opusieran dejó al descubierto el malestar del Interbloque Federal por la hegemonía de peronistas y radicales, quienes se reparten cuotas de poder en el Senado -cargos y contratos-y sólo se acuerdan de los representantes de agrupaciones del interior cuando precisan leyes de urgencia.

Además de los legisladores del NOA, se pronunció en contra la porteña Vilma Ibarra (Frepaso), quien aseguró que el texto sometido a tratamiento «no hará otra cosa que traer más penurias y ajustes». Curiosamente, su hermano, Aníbal Ibarra, apoyó el acuerdo.

De este modo, se repite la falta de sincronía entre el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la única senadora frepasista, quien ya había votado en contra del proyecto de emergencia, que significó el fin de la convertibilidad. Aníbal Ibarra, días antes, se había sumado con declaraciones a la coalición gobernante.