Avanzan superpoderes, herramienta electoral

Política

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó ayer los que, para enojo del gobierno, se conocen como «superpoderes» del jefe de Gabinete. Cuando esta reforma se apruebe en ambas cámaras -lo que se descuenta sucederá-, ese funcionario tendrá la facultad de modificar el destino de los gastos previstos en el Presupuesto nacional. Es una atribución que ya tenía pero debía reclamarla año tras año. Ahora, a pesar de un debate bastante dramático con la oposición, conseguirá esa ventaja de modo permanente. El recurso es clave para la estrategia electoral del gobierno. La red de captación de gobernadores e intendentes radicales, por ejemplo, se hace a través de obras públicas y subsidios consignados en el Presupuesto. Con estas facultades extraordinarias de su jefe de Gabinete, Néstor Kirchner no deberá comprometerse este año, cuando se trate esa «ley de leyes», a «pagar» la adhesión de esos gobernantes. Las partidas podrán asignarse -o no-según cómo marche una negociación que llevará varios meses, hasta que se armen las listas.

El gobierno consiguió ayer emitir el dictamen del proyecto que modifica el artículo 37 de la Ley de Administración Financiera del Estado liberando las restricciones para que el jefe de Gabinete modifique y reasigne partidas presupuestarias.

A diferencia de lo que ocurrió el martes pasado, cuando el PJ no pudo reunir quórum en la comisión por la ausencia de senadores propios, ayer se abrió el debate del proyecto que, de todas formas, no tuvo un consenso unánime. Ahora la iniciativa está lista para llegar al recinto el próximo miércoles, tal como ratificaron ayer Miguel Pichetto, jefe del Frente para la Victoria, y el chaqueño Jorge Capitanich.

Recién hacia la noche el PJ consiguió reunir las nueve firmas de sus senadores, incluida la de Cristina Kirchner que ayer volvió a estar ausente de la reunión de comisión y sobre la que existían dudas de su posición por haber rechazado proyectos similares en años anteriores. Fueron tres horas de debate en Presupuesto y Hacienda que no alcanzaron, inclusive, para terminar con la firma del dictamen. Hubo adhesiones inmediatas como las de Vilma Ibarra, del propio Capitanich o de Celso Jaque.

Pero después de haber escuchado varias propuestas de modificación por parte de algunos senadores peronistas, la oposición radicales se negó a convalidar el proyecto desde el primer momento. Capitanich tuvo que anunciar que consultaría a su bloque. Fue después de un largo debate sobre los alcances de la ley y de los intentos del radicalismo, encabezado allí por Ernesto Sanz, de incorporar cambios a la ley. De hecho, unas horas más tarde, durante el informe de Alberto Fernández en el recinto del Senado, Sanz reivindicó ese debate en comisión rechazando el ataque del jefe de Gabinete y de Cristina Kirchner a la oposición por cuestionar el proyecto: «Quieren que nosotros seamos Heidi cuando ustedes son Frankenstein», dijo.

  • Los cambios

    En realidad, el oficialismo ya había acordado introducir dos modificaciones: establecer la obligación de que el jefe de Gabinete informe trimestralmente al Congreso sobre el uso de las facultades que se le están cediendo y un cambio semántico por el que se cambia la palabra «facúltese al jefe de Gabinete» por «el jefe de Gabinete podrá», de manera de morigerar la carga de una cesión de poderes especiales que la Constitución obliga a que sean sólo en forma temporaria y no permanente como se está sancionando en el nuevo proyecto.

    Pero ésos no eran los únicos cambios pedidos. La salteña Sonia Escudero llegó a decir que «esta posibilidad que estaríamos asignando al jefe de Gabinete de modificar partidas sin sujeción a la Ley de Responsabilidad Fiscal es retroceder en la calidad institucional que hemos conseguido con tanto esfuerzo». Se refería a una exigencia que también hicieron llegar al Congreso gobernadores radicales, incluido el mendocino Julio Cobos y que, se dijo, compartía inclusive algún allegado a la Casa de Gobierno: eliminar del proyecto el párrafo donde se exime al Jefe de Gabinete de cumplir con el artículo 15 de la Ley de Responsabilidad Fiscal que prohíbe la posibilidad de modificar la finalidad del gasto, ejecutando como gasto corriente partidas destinadas por el Congreso a gasto de capital.

    Escudero, como también lo hizo otro peronista, López Arias, insistieron en la imposibilidad de ceder facultades el forma permanente por prohibirlo la Constitución Nacional en el artículo 76. Puso también como ejemplo la ejecución del Presupuesto 2005, sobre el que el jefe de Gabinete tuvo facultades similares a las que ahora se quiere establecer a perpetuidad. «Hasta el 5 de diciembre pasado se dictaron en total 72 decisiones que implicaron 128 modificaciones al Presupuesto por un monto total de $ 5.161 millones.» Y agregó que «vía seis decretos de necesidad y urgencia se incorporaron $ 8.560 millones que no estaban previstos».

    En ese sentido, otro de los cambios propuestos giró en torno a introducir un porcentaje límite en relación con el monto del Presupuesto para los cambios que el jefe de Gabinete aplique a las partidas presupuestarias de entre 5% y 10% del total. Con esos pedidos Capitanich partió a la reunión de bloque del Frente para la Victoria. Se supo luego que ninguno de los cambios, salvo los aceptados en inicio, habían sido introducidos. Lo confirmó el propio Capitanich luego en el recinto: «Hemos emitido el dictamen con las nueve firmas de nuestro bloque. Nosotros no vamos a aceptar ningún tipo de límite para la reasignación de partidas del jefe de Gabinete, porque creemos en su responsabilidad».
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