Avellaneda: gobierno Solá trata de mediar en crisis violenta

Los destrozos en la sede de la intendencia de Avellaneda recién ayer se comenzaron a reparar después del violento enfrentamiento entre dirigentes del duhaldismo y el kirchnerismo, sólo explicable por el resultado electoral del 23 de octubre.

El gobierno de Felipe Solá medió ayer en la crisis político-gremial que estalló el miércoles en Avellaneda, con un enfrentamiento entre el municipio que controla el duhaldista Baldomero «Cacho» Alvarez y el gremio que domina el kirchnerista Rubén García.

A 48 horas del enfrentamiento, que dejó un herido de bala y tres detenidos, hoy a media mañana, el jefe comunal y García están citados a La Plata para, con la intervención del Ministerio de Trabajo provincial, intentar encauzar el conflicto salarial.

El encuentro está programado para las 11 en las oficinas de la cartera laboral, sobre calle 7. El ministro Roberto Mouilleron actuará de árbitro en la cita, cara a cara, entre Alvarez y García, protagonistas de un duelo político antiguo y espinoso.

Ayer, el intendente de Avellaneda remitió un escrito a Trabajo solicitando que intervenga. A partir de eso, Mouilleron decidió convocar a las partes para generar una instancia de conciliación. Las expectativas no son muchas: anteriormente, una acción similar no dio resultado.

• Condimento

Ahora, además, está el condimento de los hechos de violencia del último miércoles que aportaron gravedad y tensión a la relación Alvarez-García que, desde hace años, anda a los tropiezos. Pero supone un intento de tregua. Sin embargo, nada garantiza una resolución.

De hecho, un factor crítico todavía no fue encaminado: además de su enfrentamiento con García, Alvarez choca con Felipe Solá, a quien acusó de no intervenir. «No me llamó él, ni ninguno de sus ministros», se quejó el intendente que se comunicó, en cambio, con el ministro del Interior, Aníbal Fernández.

Para despejar dudas, desde La Plata afirmaron ayer que el gobierno «defenderá la institucionalidad», en un intento por ahuyentar el fantasma de que el felipokirchnerismo podría incentivar embestidas en contra de los intendentes del duhaldismo.

En Avellaneda debe sumarse el factor económico. Meses atrás, cuando despuntó el conflicto salarial, Alvarez elevó un pedido al gobierno para que le envíe partidas adicionales para cubrir la demanda de aumento de los municipales. En La Plata consideran inadecuado el reclamo.

A su vez, los empleados ratificaron ayer el paro por tiempo indeterminado, pero decidieron postergar, sin fecha, la realización de una movilización -de la que participarían sindicatos municipales de todo el país- a las oficinas de Alvarez.

Por otro lado, en el fárrago de declaraciones y movimientos postiroteo, ayer se sumaron argumentos -algunos insólitos- sobre los incidentes del miércoles.

Uno de los más curiosos fue el del secretario de Gobierno de Avellaneda, Guillermo Barcarce, quien atribuyó los incidentes a la visita de George W. Bush. «Si no fuese por la cumbre, hubiese habido más policías y estos hechos nunca hubieran ocurrido», dijo.

• Sin custodia

Según el funcionario, en cada marcha de los municipales se apostaban unos 30 efectivos de Infantería de la Policía Bonaerense para custodiar el edificio. Pero ayer -señaló- «sólo había 6» uniformados, lo cual, interpretó, facilitó que se produzca el enfrentamiento.

Al corrillo radial se sumó el ex intendente frepasista Oscar Laborde, hoy funcionario de Cascos Blancos en la Cancillería, quien anticipó que pedirá en el Concejo Deliberante local que se inicie una investigación sobre la presunta existencia de «bandas armadas» ligadas al intendente.

Laborde, al igual que García, mantiene una enemistad política con Alvarez. El ex PC le ganó la intendencia en 1999 a Alvarez, quien, a su vez, la recuperó cuatro años después derrotando al ahora funcionario nacional.

En tanto, la UCR también se filtró en la disputa para exponer su temor a que el conflicto de Avellaneda sea otro «escalón» de la interna interperonista, lo cual -dijeron los senadores Graciela De Leo y Alberto Conde- pone en riesgo la «institucionalidad».