El Senado acordó ayer incorporarle más cambios a la reforma política que incluye límites de gastos y de duración de las campañas, y ha sido promocionada por el gobierno nacional como supuesta herramienta para bajar los costos de la política.
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El PJ, que la semana pasada había postergado el debate por la falta de consenso, impuso la eliminación de las listas sábana y la generalización de las internas abiertas para todos los cargos electivos (en el proyecto oficial sólo regía para la fórmula presidencial).
Al mismo tiempo, se acordó con el radicalismo nominar un fiscal de la Cámara Civil y Contencioso administrativo que tendrá jurisdicción electoral. Reemplazará la fiscalía específica que habían defendido el justicialista riojano Jorge Yoma y el gobierno nacional.
Innecesario
La mayoría peronista llegó a la conclusión de que crear un nuevo cargo en Tribunales para que actúe cada 2 años, durante un mes o dos, significaba un incremento innecesario de gastos para el Estado.
A pedido de su bloque y debido a las diferencias que mantiene Yoma con sus compañeros del PJ (no asiste con regularidad a las citas de bancada y se maneja con autonomía), el tucumano José Carbonell se ocupó de redactar las modificaciones a la iniciativa que presentó en principio Federico Storani y reflotó hace diez días Ramón Mestre.
Carlos Corach se sumó a Carbonell para parlamentar con la UCR -representada por Jorge Agúndez (San Luis), el cordobés Luis Molinari Romero y el porteño José García Arecha (Capital Federal)- y definir estos cambios. Carbonell privilegió el acuerdo, a pesar de que consideró inconstitucional la generalización de las internas abiertas. A su modo de ver, «la Constitución otorga autonomía a los partidos políticos y, en consecuencia, una reforma en ese sentido a la ley orgánica que los rige resulta violatoria de la Carta Magna».
Anoche, Carbonell ofició de miembro informante durante el tratamiento del tema en el recinto. Para no herir susceptibilidades, aclaró que Yoma estaba ocupado en un compromiso familiar y ya había avisado que llegaría tarde a la sesión. El riojano se molestó porque el bloque comisionó al tucumano para que supervisara la cuestión que, naturalmente, le correspondía al primero por ser titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Obviamente, pensó que detrás de esa maniobra estaba la mano de Eduardo Menem, su rival en la interna provincial.
Topes
La ley impone, además, un tope de $ 1 por elector en los gastos proselitistas (con un piso de $ 500 mil para los distritos chicos). Por el otro lado, establece una veda propagandística de 90 días para las presidenciales y 60 para las legislativas.
El cuerpo aprobó anoche en general la reforma política y sobre la madrugada inició el tratamiento en particular del articulado.
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