El contador Lorenzo Donohoe se hizo cargo del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), la caja de jubilación de los uniformados, a principios de enero. La designación de Donohoe se conoció al mismo tiempo que la aceptación de la renuncia al presidente saliente; el brigadier mayor retirado Francisco Serrat. En su primera presentación ante el directorio del organismo previsional (tres altos oficiales retirados), el contador repitió el anuncio que había formulado la ministra de Defensa días atrás: la decisión de firmar un convenio con el ministerio que maneja Julio De Vido para la inclusión de los militares en el Plan Federal de Viviendas Sociales.
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El IAF tiene un capital cercano a los 2.700 millones de pesos, y un presupuesto de alrededor de 2.800 millones destinados al pago de los haberes de retirados y pensionistas, guarismos que, obvio, financiarían el proyecto edilicio de Planificación Federal. El Instituto de Ayuda Financiera se creó en 1947, su capital se conforma con el aporte del Estado -en este caso es el aporte patronal- y con 11 por ciento de los haberes de cada militar en actividad y en retiro. Quitar por decreto el control de la caja jubilatoria a los militares, transferirlo a la órbita política y disponer de esos recursos para la obra pública es la síntesis del cambio que impulsó
Garré en el IAF, lo demostró Donohoe con sus palabras.
La resolución de su designación fue firmada por la ministra el 27 de diciembre de 2007, tiene giro de mesa de entradas el 28 y llegó a las oficinasdel IAF el 3 de enero de 2008. Curiosidades de los trámites públicos, se dio el carácter de «Muy Urgente» al documento como si se tratase de información vital. A no ser que los jurídicos del ministerio tuviesen datos adelantados de numerosas medidas cautelares presentadas en la Justicia por uniformados para revertir la modificación de la conducción del organismo financiero.
Mapeo
En el primer día de trabajo, Donohoe -un frepasista que militó junto a Garré en esa fracción política- pidió la lista y mapeo de los lugares de trabajo de cada empleado con el propósito imaginado de identificar « ñoquis». Costumbre que quizá arrastra de otras reparticiones públicas con más folclore en esos menesteres: fue vicepresidente del Banco de la Nación durante el experimento del gobierno de la Alianza y acaba de renunciar al directorio de la Empresa de Cargas Aéreas del Atlántico Sur (Edcadassa), la concesionaria estatal de los depósitos fiscalesaeroportuarios. Dicen que goza de cierto reconocimiento como disertante en circuitos académicos. Un militar lo recordó de panelista en la mesa redonda: «Las claves del éxito de Les Luthiers, ¿son aplicables a empresas y organizaciones?» que se llevó a cabo en el Centro Cultural Recoleta a mediados de agosto de 2007. No traerá soluciones a los reclamos de haberes castrenses, pero al menos garantiza que beneficiarios y pensionadas lo tomarán con buen humor, ironizó el uniformado.
La nueva conducción enfrenta un problema: el pago de una constelación de juicios entablados por retirados, consecuencia de la política de otorgar aumentos a los militares en actividad en forma de suplementos no remunerativos sin reconocerles esa proporción a los pasivos.
Las primeras sentencias con orden de liquidar partieron del tribunal federal de la seguridad social a cargo de la jueza Elvira Muleiro. Además, la Justicia de las provincias de Chaco y Corrientes concedió recursos de amparo a más de 250 uniformados con el propósito de que no se innove y se mantenga la liquidación de los aumentos a los retirados en igualdad de condiciones que el personal en actividad. Las primeras estimaciones hablan de una masa mayor a los 4.800 millones de pesos de deuda por reclamos salariales en caso de que el universo de beneficiarios se lance a la Justicia. Esto sin contar a los militares en actividad, quienes retienen las acciones judiciales, aún sueñan con las promesas del gobierno de «blanquear» esos suplementos en los haberes.
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