Provincia impulsa la capacitación obligatoria en Derechos Humanos para todos los funcionarios

Alcanza a quienes trabajan en los tres poderes del Estado, en todos sus niveles y jerarquías. Estará a cargo de la Escuela Provincial de Derechos Humanos, y quienes se nieguen sin causa justa podrán ser sancionados.

La norma había sido aprobada por la legislatura bonaerense el 29 de septiembre.

El Gobierno bonaerense promulgó hoy la Ley 15.635, que establece la capacitación obligatoria en Derechos Humanos para todas las personas que se desempeñan en la función pública provincial, a partir de su publicación este miércoles en el Boletín Oficial. La norma había sido sancionada por la Legislatura el 29 de septiembre.

La obligación alcanza a quienes trabajan en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en todos sus niveles y jerarquías, y también en la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia, la Fiscalía de Estado, la Defensoría del Pueblo y el Honorable Tribunal de Cuentas.

Las capacitaciones en Derechos Humanos

La capacitación estará a cargo de la Escuela Provincial de Derechos Humanos, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Los contenidos incluirán los principios básicos de los Derechos Humanos, los sistemas de protección nacionales, regionales e internacionales, las prácticas respetuosas de esos derechos en la función pública, la situación de grupos específicos, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, los derechos de los pueblos indígenas y el control de convencionalidad.

La ley crea además una Comisión de Consulta, Evaluación y Monitoreo, con participación de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional. En consulta con los organismos, los sindicatos y las organizaciones de derechos humanos, esa comisión elaborará guías de implementación con las pautas metodológicas, la periodicidad y los contenidos.

Las máximas autoridades de cada organismo serán responsables de garantizar las capacitaciones, y su propia formación estará a cargo de la autoridad de aplicación. Cada año se publicará un informe sobre el cumplimiento de la ley, con la nómina de las máximas autoridades provinciales que se hayan capacitado. Quienes se nieguen sin causa justa quedarán sujetos al régimen disciplinario de la Ley de Empleo Público.

Los gastos se cubrirán con las partidas de cada organismo, y se invita a los municipios a adherir a través de sus concejos deliberantes.

La ley tiene origen en un proyecto de la senadora de Fuerza Patria María Rosa Martínez, que obtuvo media sanción en el Senado a mediados de septiembre y fue convertido en ley por Diputados dos semanas después. Al fundamentar la iniciativa, la legisladora sostuvo que el reconocimiento de los derechos humanos no es automático y requiere de un Estado activo. “El fortalecimiento de nuestro sistema democrático está estrechamente vinculado a la calidad de la información y la capacitación sobre políticas públicas que estén fundadas en los principios y disposiciones de las normas nacionales e internacionales de Derechos Humanos”, afirmó, y agregó que esa fortaleza “recoge el legado de los organismos de Derechos Humanos y el camino que el Estado ha trazado en torno a la Memoria, la Verdad y la Justicia”.