Cambió Carrió: ahora acepta aportes privados

Elisa Carrió dio ayer un sorpresivo giro: confirmó que aceptará dinero de empresas para pagar campañas políticas, a pesar de que originalmente sólo se decía dispuesta a recibir fondos del Estado y hasta amenazó con expulsar del ARI a quienes le desobedecieran.

La nueva posición de la jefa espiritual del arismo, coincidente con la de los partidos mayoritarios, se hizo pública en la víspera, durante la discusión en Diputados del régimen de financiamiento de los partidos políticos que se aprobó en general anoche.

Entre otras disposiciones, las agrupaciones partidarias no podrán contar con asistencia de los sindicatos, a diferencia de lo que había impuesto el peronismo en el debate del Senado, no obstante la férrea resistencia del radicalismo. Por mayoría, se borró ayer esta curiosidad porque, por lo general, siempre se sospechó de que los gremios obtenían favores de la política y no a la inversa. Aunque podrá revisarla ahora la Cámara de origen.

El lilismo se levantó contra la participación de los sindicatos como financistas. Se trata de una actitud inesperada, ya que apoyan a Carrió varios gremios poderosos de la Central de Trabajadores de Víctor De Gennaro, como CTERA (maestros), ATE (estatales) y los aeronáuticos que hasta cuentan con bancas en el ARI: el docente Eduardo Macaluse, la empleada pública Marcela Bordenave y el aviador de tierra Ariel Basteiro. Pero «Lilita» no quería quedar al descubierto y contradiciendo al mismo PJ de Diputados que dio marcha atrás con el criterio senatorial.

Asimismo, el proyecto debatido anoche -que había sido votado en setiembre de 2001 por la Cámara alta- fija un tope de $ 1 Elisa Carrió por elector para las tareas proselitistas, con un mínimo de 500 mil ciudadanos en condiciones de votar. Los partidos estarán autorizados a gastar desde $ 500.000 en adelante.

Uno de los puntos más discutidos en la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside Juan Manuel Urtubey (PJ-Salta), fue el de considerar como publicidad electoral los avisos institucionales del oficialismo de turno.

En cuanto a los aportes en general, la ex radical se opuso a que fueran controlados por la Auditoría General de la Nación, según sancionó la mayoría de los legisladores. En el dictamen que suscribieron Carrió y sus seguidores Marcela Rodríguez, Rafael Romá (ex vicegobernador de Eduardo Duhalde) y Oscar González (PSD), se sugería formar una comisión de control de gastos con ONG a la cabeza. La AGN, a criterio del ARI, refleja los acuerdos parlamentarios y carece de suficiente independencia para auditar.

En la Cámara baja, está pendiente de ratificación el Pacto Federal de Reforma Política que establecía el ajuste en Nación y provincias, además de la implementación de las internas abiertas y simultáneas para diputados y senadores nacionales, presidente y vice, así como la eliminación de las listas sábana y la reglamentación de las campañas, con topes de 30 a 90 días y restricciones a la difusión de encuestas, antes y después de los comicios.