Caso Astiz, de nuevo a la Corte que debe resolver extradición

La Corte Suprema de Justicia deberá definir sobre el pedido de Francia de extraditar al ex marino Alfredo Astiz. El planteo llegará hoy de la mano de los fiscales Hugo Cañon y Antonio Castaño, que cuestionarán la decisión de la Justicia de Bahía Blanca de rechazar la solicitud del gobierno francés de extraditar al ex capitán de la Marina para juzgarlo en su territorio.

Para los fiscales, «no están dadas las circunstancias para que Astiz sea juzgado en el país», hasta tanto la Corte se pronuncie sobre la validez de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dispuesta por el Congreso.

De ese fallo depende la continuidad o no de las causas contra los militares reactivadas hace un mes.

•Rechazo

Astiz está acusado de la desaparición de las monjas Leonie Duquet y Alice Domon y en 1990 fue condenado en ausencia a prisión perpetua por la Justicia francesa.

El sábado el juez federal de Bahía Blanca Alcindo Alvarez Canale, rechazó el pedido de Francia luego de considerarlo «improcedente» y simultáneo con el proceso iniciado aquí por delitos de lesa humanidad cometidos en jurisdicción de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

El magistrado rechazó definitivamente el pedido francés fundamentado en el artículo 37 de la Ley de Cooperación Internacional en materia penal, según el cual un país no puede solicitar la extradición de un imputado por un mismo hecho luego de haberse rechazado una solicitud anterior.

Una posición que ya habían manifestado -lo adelantó este diario-los técnicos de Cancillería y se la hicieron conocer a Rafael Bielsa cuando recibieron el pedido de Francia apenas el Congreso anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Alvarez Canale también había rechazado sendos pedidos de extradición en 1985 y 1990, aunque en aquella oportunidad entendió que el ex marino estaba amparado por las leyes del perdón.

En contraposición, ahora consideró que la anulación de ambas normas permitían y garantizaban que Astiz fuera sometido en el país al proceso judicial que persigue Francia.

Precisamente, el jueves último el juez Sergio Torres procesó a Astiz y le dictó la prisión preventiva por tortura y desaparición de personas cometidos en la ESMA, una megacausa que se reactivó a partir de la anulación de estas leyes y que también incluye la desaparición de las dos religiosas.

El viernes, el ex marino fue trasladado a Bahía Blanca y le pidió al juez no ser extraditado a Francia sino juzgado en el país. También le anticipó que impugnará la nulidad de las leyes que dispuso el Congreso. Esta posición no sólo obligará a la Corte Suprema a una definición, sino también congelará la decisiones que tomen los jueces con respecto a otros militares.

•Planteo

Esto es lo que advierten los fiscales, que entienden que una vez que la Corte se expida sobre estas leyes recién se podrá conocer si Astiz puede ser juzgado aquí.

De esta forma, el planteo del ex militar y de los fiscales vuelve a poner a la Corte en el centro de la escena. Este Tribunal deberá resolver primero si la Obediencia Debida y Punto Final son constitucionales (una definición que está demorada desde hace dos años) y luego si es válida la anulación dispuesta por el Congreso.

El tema no tardará mucho en ser discutido por los supremos, porque el Senado aceleró los tiempos para designar a mediados de octubre al penalista Eugenio Zafaroni como el sucesor de Julio Nazareno en la Corte.

Los fiscales también atacarán la postura del juez Alvarez Canale de rechazar su recusación de intervenir en el caso.

La fiscalía pidió la recusación porque el juez se expidió en 1990 diciendo que el fallo de París era totalmente nulo y no correspondía la extradición, por lo que, según interpretó el fiscal Cañon «ya tiene opinión formada».

Ayer, la abogada de las religiosas interpretó que el rechazo a la solicitud de extradición de Astiz es «el desenlace de una maniobra que empezó desde que la solicitud llegó a la Argentina».

Sophie Thonon detalló que «primero, la petición se demoró tres semanas en la Cancillería argentina; después, pasó a la jurisdicción de Bahía Blanca, cuando Astiz ya no es marino, y luego se le dio a un juez conocido por sus ideas preconcebidas respecto al caso».

«Yo no acuso al gobierno, pero lo cierto es que después de su manifiesta intención de facilitar las extradiciones y acabar con la impunidad, al final el resultado es el mismo de antes, con los argumentos y las explicaciones de siempre», sostuvo Thonon.