Castells demanda a Kirchner por comedor

El mediático piquetero y candidato a presidente por el MIJD Raúl Castells sostuvo ayer que desde su agrupación «demandaremos judicialmente al gobierno nacional por haber cerrado un local que les da de comer a cientos de pobres de la Ciudad».

El activista avanzó así con la promesa de guerra que había comenzado días atrás, cuando «su» local, ubicado en Puerto Madero, fuera clausurado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esa decisión había sido tomada por considerarlo inhabilitado para ejercer la actividad comercial. En ese sentido, el activista expresó que «el gobierno no quiere ver gente desocupada comiendo en esa zona privilegiada y es por eso que nos echa de nuestro lugar».

La inspección del puesto gastronómico había sido solicitada por el fiscal Martín Lapadú hace ya cuatro meses.

Luego de revisar el lugar, los inspectores de la Ciudad de Buenos Aires detectaron fallas e irregularidades, por lo cual se determinó que el puesto no estaba en condiciones para desarrollar actividades.

Según el Gobierno de la Ciudad, el negocio se había convertido en una actividad con fines de lucro, en un espacio público, cuando en su origen había sido creado con fines solidarios.

De todas maneras, Castells afirmó: «Aunque se nos haya prohibido el lugar físico para desarrollar nuestra tarea comunitaria, nosotros seguiremos denunciando el atropello por parte de Néstor Kirchner, mediante la repartición de volantes en el lugar».

El polémico local gastronómico había sido cedido en comodato por el empresario Miguel Doñate, quien está enfrentado con el Gobierno porteño y con la Corporación Antiguo Puerto Madero -entidad que administra el barrio-desde que en 2005 su restorán Tocororo fuera clausurado.

El Consejo de la Magistratura resolverá hoy la situación del juez nacional en lo Penal Económico, Guillermo Tiscornia, quien afronta un pedido de juicio político por una denuncia por el presunto pedido de coimas a una empresa que explota bingos y casas de juego.

A primera hora de la mañana, el plenario del Consejo deberá analizar el dictamen aprobado por la Comisión de Acusación de ese cuerpo contra Tiscornia por presunto mal desempeño, hecho por el cual solicita su suspensión. En caso de que el plenario ratifique la resolución de la Comisión, el magistrado que investiga a la ministra de Defensa, Nilda Garré, por presunto contrabando de armas, será inmediatamente suspendido en el cargo.

El dictamen acusatorio había sido votado por las senadoras Diana Conti y María Laura Leguizamón; la representante del Poder Ejecutivo Marcela Losardo; el referente del sector académico Mariano Candioti y el abogado y miembro de la Comisión de Acusaciones, Santiago Montaña.

En tanto, en aquella oportunidad, pidieron la postergación de su tratamiento los dos representantes de los jueces, Luis María Cabral y Luis Bunge Campos, y estuvieron ausentes el senador kirchnerista Nicolás Fernández y el diputado radical Federico Storani.