La situación del sistema previsional catamarqueño, transferido en 1997 a la Nación por el entonces gobernador Arnoldo Castillo (padre del actual mandatario, Oscar), promete desatar un escándalo de dimensiones superiores a las ya conocidas en los próximos días. La causa es que la investigación que lleva adelante Sergio Mazza, el titular de la ANSeS, detectó más irregularidades en los beneficios concedidos, lo que ya forma parte de una causa judicial en los tribunales federales de la provincia.
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Antes de realizar la transferencia, Castillo estableció una jubilación anticipada. Hasta ese momento se podía acceder al retiro con 50 años de edad y 20 de aporte, pero el gobierno radical bajó la edad a 45 años y abrió la posibilidad de que, si no se cumple con un requisito, se puede compensar con el otro, lo que hizo aparecer casos insólitos, como jubiladas que accedían a planes sociales por maternidad. Se la llamó la «jubilación de los pantalones cortos».
Aunque este sistema fuera legal, representó un abuso notorio, sobre todo porque la provincia le transfirió a la Nación 2.800 casos más que los que había anticipado antes del traspaso. Ya están sospechados muchos dirigentes políticos de poseer jubilaciones de este tipo, entre ellos el vicegobernador, varios intendentes, concejales y ex senadores provinciales. Se dio el caso de uno de ellos que había conseguido en su momento una jubilación extraordinaria por invalidez, lo que lo hacía acreedor a una suma de $ 340 por mes, durante un año. Pero antes de la transferencia esa pensión se convirtió en una jubilación extraordinaria, por la cual ese ex senador cobra $ 2.200 por mes.
•Investigación
A medida que comenzaron a investigarse las prestaciones que se pagan desde la ANSeS, empezaron a aparecer -además-irregularidades. Es decir, casos en los que ni siquiera se cumplían los requisitos establecidos.
En este rubro habría cerca de 800 prestaciones irregulares, por un monto de $ 1.000 promedio, lo que implica un derroche de $ 800.000 por mes ilegalmente asignados.
La ANSeS se presentó como denunciante civil en la causa por la que se investigan estas irregularidades, accionando en contra de los beneficiarios y exigiendo que devuelvan la plata mal habida desde que se dispuso la transferencia de la caja.
La investigación podría arrojar novedades en los próximos días, según trascendía ayer desde el juzgado del doctor Jorge Nieva, quien tal vez disponga diligencias que terminen complicando a la familia Castillo por decisiones tomadas hace casi 10 años.
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