4 de octubre 2022 - 12:26

Vialidad: la defensa de Lázaro Báez mostró "inconsistencias" del peritaje oficial

Vialidad: en su segundo día de alegatos la defensa de Lázaro Báez mostró "inconsistencias" del peritaje oficial. Recordó que los propios peritos reconocieron "error de tipeo". 

Lázaro Báez.
Lázaro Báez.
NA

El abogado defensor del empresario Lázaro Báez, Juan Villanueva insistió con las “mentiras” de la fiscalía y de los peritos oficiales. Ante el Tribunal Oral Federal 2 dijo que el estudio que concluyó sobreprecios y falta de capacidad de Austral estuvo mal hecho. Afirmó que los fiscales no acreditaron direccionamiento y que basaron su alegato en un informe de un empleado de Javier Iguacel que había sido rechazado como prueba por los propios jueces. “Las obras se hicieron y se hicieron bien”, dijo Villanueva. Y advirtió que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ignoraron las dos auditorías encargadas por el propio Iguacel, una a técnicos de Vialidad Nacional y otra a una consultora privada, que concluyeron que no hubo irregularidad alguna.

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Capacidad de Austral

La acusación buscó mostrar que, como parte de las irregularidades, se le otorgaban obras a Austral a pesar de que la empresa no tenía la capacidad técnica requerida. “La fiscalía miente cuando dice que el peritaje corrobora la acusación”, afirmó Villanueva.

El defensor acusó a los peritos Pablo Eloy Bona y Roberto Panizza de hacer mal los cálculos que los llevaron a concluir que ACSA no tenía capacidad de contratación y que se basaron en una planilla de Excel aportada por el denunciante, sin haberla analizado.

Al recordar un pasaje de la declaración de Panizza y Bona en el que reconocieron que había habido un error al transcribir un número o un error de tipeo, el defensor advirtió: “con este tipo de pruebas los fiscales están pidiendo más de ochenta años de prisión para todos los imputados. Sobre esta vergüenza no se puede sostener una resolución judicial”.

Habló de “falsos sobreprecios” que “inventaron” los peritos y advirtió que el denunciante, Javier Iguacel les dio todo el material, que -aseguró- los profesionales no analizaron. “Bona y Panizza reprodujeron lo que les dio el denunciante, pero no chequearon nada. Inventaron. No produjeron nada científicamente válido para sostener la condena de personas”, afirmó.

Y recordó que cuando fueron interrogados por inconsistencias en algunas de las planillas los peritos reconocieron que hubo “error de tipeo” o “error humano”.

Licitaciones

La defensa de Báez rechazó la hipótesis de licitaciones truchas en Santa Cruz.

El abogado detalló que la propia ley de Santa Cruz y el art. 18 de la ley nacional de obras públicas autorizan al Estado a adjudicar una obra cuando hay un solo oferente. “¿Entonces, para qué simularían licitaciones? ¿Qué ganaban las empresas que supuestamente se prestaban a eso?”, se preguntó. “Esta maniobra que se inventaron los fiscales no beneficia a nadie”, concluyó Villanueva.

Redeterminaciones de precios

En durísimos términos, el defensor dijo que el fiscal Sergio Mola mintió cuando habló de demoras injustificadas en las obras. “No pueden mentirnos así en la cara”, se quejó. Y habló de “tergiversación” y “malicia” por parte de los funcionarios del Ministerio Público.

Por el contrario, para Villanueva “confirma rotundamente” la prueba producida en el juicio que las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo son algo “normal” y no constituyen un “plan maquiavélico para beneficiar a Lázaro”.

Villanueva explicó que los cambios en los proyectos de todo el país no son beneficiosos para los contratistas, sino al revés. Como prueba de ello exhibió expedientes de obras en donde los costos de los diferentes ítems aumentan con cada modificación. También se apoyó en todos los testigos que coincidieron en esta afirmación.

Y aseguró que se probó que las redeterminaciones de precios en base a las cifras del Indec, en una economía inflacionaria siempre benefician al Estado y perjudican a las empresas. Por lo tanto, redeterminar valores no puede haber escondido beneficios a Báez.

El mismo argumento utilizó la defensa para rebatir la hipótesis de delitos vía pagos anticipados de obra. El mecanismo “no encierra ninguna maniobra espurrea”, dijo Villanueva. Sino que es habitual en todas las obras, con todas las empresas. Los montos que se pagan por adelantado luego se descuentan en la liquidación final. Por lo tanto, no encierra esto una ventaja o beneficio a las contratistas.

Tipos de Asfalto

La defensa de Báez mostró que la acusación no tuvo en cuenta que se probó en el juicio que para construir rutas en lugares con temperaturas bajo cero se requiere el uso de un tipo de asfalto especial, que es más caro que el genérico. Se trata del asfalto modificado, que encarece los trabajos porque requiere un tratamiento especial.

Lo que advirtió el abogado es que la acusación comparó rutas de Santa Cruz con las del resto del país y concluyó que se pagó más a Báez que a otras firmas, sin haber tenido en cuenta esta cuestión técnica respecto del asfalto utilizado en cada caso.

Representante técnico

La defensa mostró los numerosos testimonios que afirmaron durante el juicio que las obras tenían representante técnico asignado y que no es verdad que un mismo representante no puede tener asignadas más de una obra.

La fiscalía afirmó que eso constituyó una irregularidad para evitar controles. Sin embargo, el abogado mostró que es un modo de organización de todas las empresas constructoras de gran porte, que tienen en ejecución varias obras en simultaneo.

La obligación de permanencia es de los jefes de obra y no de los representantes técnicos, explicó Villanueva. Y concluyó que, en este punto, “la fiscalía buscó construir una situación irregular que no existe”.

Operativo “limpiar todo”

La defensa del empresario patagónico mostró documentación -consignada en su momento por Ámbito- que acredita que no es verdad que a Austral no se le debían pagos al final del gobierno de Cristina Kirchner y que al resto de las contratistas sí. Por el contrario, los expedientes oficiales de la DNV (a través del sistema SIGO) demuestran que a Báez el Estado le debe, a diciembre de 2015, más de 270 millones de pesos.

El martes 11 de octubre continuará el alegato de la defensa de Lázaro Báez. Será la última de tres jornadas consecutivas. Luego, será el turno de la representación de Raúl Pavesi y le seguirá la de Nelson Periotti, el exadministrador de la Dirección Nacional de Vialidad durante los doce años de los gobiernos kirchneristas.

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