Cede el gobierno en conflicto con empleados del Congreso por sueldos

El gobierno negociaba anoche una ampliación de fondos que serán destinados a pagar incrementos salariales -mediante una reasignación de partidas-a los trabajadores del Congreso. La medida descomprimiría un conflicto laboral que tuvo su punto más álgido cuando los integrantes de los dos gremios mayoritarios (APL y ATE) impidieron sesionar en ambas cámaras y en comisiones. La discusión desnudó también viejas peleas internas en el Congreso que a simple vista parecían olvidadas.

Con la medida, además, el gobierno achica más la divisiónde poderes al involucrarse en un asunto del Legislativo, cuando la conducciónde esa institución manejasu presupuesto con absolutaindependencia y se niega a pagar sueldos por carecer de fondos. No hubo por ejemplo voluntad política de votar una ley para derivar partidas del Presupuesto 2005, como en su momento había planteado la Unión Cívica Radical.

La Ley 24.600 establece que el aumento debía surgir a través de la paritaria que se compone de cinco integrantes gremiales (cuatro por APL y uno por ATE) y cinco representantes de las autoridades de las cámaras de senadores y diputados. Sin embargo, por la delegación de poderes que el Congreso otorgó al Ejecutivo, hacía falta financiar el aumento a través de una reasignación de partidas a cargo de la Jefatura de Gabinete, un hecho que se consumaba anoche tras varios intentos frustrados.

«Había un acuerdo con los presidentes de ambas cámaras, un entendimiento en paritarias y hubo un aumento salarial para toda la administración pública, por lo tanto ya no existían excusas», disparó el titular de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Norberto Di Próspero, quien llegó a Casa de Gobierno poco después de las 17 acompañado del máximo responsable de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la delegación Congreso, Horacio Alvarez. Allí los recibió, dos horas y media más tarde, el propio jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Una vez firmada la partida especial, la delegación debía regresar al Congreso para resolver, en paritarias, el reparto de los fondos destinados.

Hasta el año '92, los trabajadores del Congreso gozaban de las bondades de la llamada ley del enganche, una norma que los ataba en términos económicos de manera directa a los sueldos de los senadores y diputados. Si los legisladores recibían un aumento en sus dietas, el salario del empleadotambién se incrementaba en proporción a la categoría que tuviese. «La última vez que tuvimos un aumento concreto fue en mayo de 1992», sintetiza un representante de la Unión de Personal del Congreso de la Nación, el ala gremial más debilitada y con escasa participación en la puja entre el Ejecutivo y los dos gremios mayoritarios (APL y ATE). «Sin embargo», continúa el hombre, «no hay que olvidarse que ellos (por los senadores) si bien no recibieron aumentos concretos en sus dietas, están cobrando casi el doble de lo que percibían en aquella época, teniendo en cuenta -por ejemploel otorgamiento de un plus en concepto de pasajes o el extra de combustible. ¿O eso no es un aumento?».

Con respecto a los pasajes, cada legislador recibe 20 tramos aéreos que puede canjear por dinero en efectivo si lo desea. En ese caso, la Cámara reconoce el valor de 150 pesos por tramo, lo que da una suma de 3.000 pesos en total. «Recuerdo que en la época del uno a uno cobraban la plata en efectivo y después sacaban los boletos en banda negativa, ahorrándose más de 50% del dinero», reconoceel empleado, con la autoridad que le dan sus 18 años de experiencia en distintas reparticiones del Congreso Nacional. «Lo mismo que los 1.200 pesos que les daban hasta el año pasado para el combustible. Dígame, a usted ¿le alcanzaría esa cifra por mes para nafta o gasoil?», ironiza. «Recuerdo que muchos ni siquiera usaban autos de la Cámara, pero con ese dinero se pagaban la cuota de un auto cero kilómetro que se terminaban llevando a la provincia una vez que finalizaba el mandato».

• Diferencias

«Además, en este conflicto siempre se habló de sueldos bajos, que en muchos casos no superaban los 500 pesos. De un congelamiento total de sueldos desde hace trece años, y hay que hablar con propiedad. No es justo meter a todos los empleados en la misma bolsa, ya que la diferencia entre los beneficios que goza el trabajador transitorio es notoria en relación al empleado permanente, y esto no es de ahora, es de toda la vida. Se sabe que nosotros no dependemos directamente de la voluntad de los legisladores,en cambio los temporariossí.»

En el Senado (para mencionar un ejemplo), cada legislador tiene 7.273 módulos disponibles para nombrar personal transitorio a su cargo (4.100 por el despacho y 3.173 para designar un cuerpo de asesores). Además, si es presidente de alguna comisión, el senador tiene derecho a solicitar tantos módulos como considere necesario. En este caso se trata de una decisión política y la cantidad la determina -a dedo-el secretario administrativo.

Cada módulo tiene un valor aproximado de 3,36 pesos. En consecuencia, fluctúa desde una categoría 14 (138 módulos) con un sueldo de 464 pesos, hasta una categoría 1 (845) con un salario de $2.843. En números, suponiendo que un legislador contrate un empleado en cada categoría (14 en total) absorbería 5.361 módulos, disponiendo todavía de un remanente de 1.915 módulos, con los cuales podría nombrar seis empleados más con categoría 8. Sólo con esa variante, un senador tiene veinte empleados transitorios a su cargo.