Familiares de muertos, desaparecidos y "falsos positivos" de Colombia denunciaron ante la Justicia de Argentina al expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por "crímenes de guerra y de lesa humanidad" durante su gobierno en el marco del combate contra la guerrilla.
Colombianos denunciaron en Argentina al expresidente Álvaro Uribe por crímenes de lesa humanidad
La denuncia de familiares de muertos, desaparecidos y "falsos positivos" recayó en el juzgado de Sebastián Ramos. El fiscal federal Carlos Stornelli impulsa la investigación por el principio de la "justicia universal".
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El expresidente de Colombia Álvaro Uribe.
El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó la investigación por el principio de la "justicia universal" y con el objetivo "de que los graves crímenes denunciados no queden sin castigo para todos sus responsables".
Los familiares de las víctimas durante el conflicto entre el Estado colombiano y los movimientos guerrilleros, que se extendió durante medio siglo, denunciaron que Uribe Vélez "habría permitido, autorizado, incitado e incluso promovido" crímenes de lesa humanidad entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008.
Denunciaron a Álvaro Uribe ante la Justicia argentina por crímenes de lesa humanidad
Los casos denunciados corresponden a los asesinatos de Luis Eduardo Oñate, Álvaro Adolfo Pina Londoño, Beyer Ignacio Pérez Hernández, Didier Eduardo Durant Badillo "y el asesinato y desaparición forzada otras siete víctimas que aún no pudieron ser identificadas, cuyas muertes acaecieron a manos de elementos de las Fuerzas Armadas en la República de Colombia, que presentaron los casos como bajas en combate".
Tras una descripción de cada uno de los casos, Stornelli explicó que "la radicación de la denuncia ante los tribunales judiciales argentinos, para investigar y juzgar una presunta responsabilidad penal por hechos acaecidos en territorio de otro Estado, fue fundada en el principio de jurisdicción universal".
"De acuerdo al referido principio de Jurisdicción Internacional, los crímenes contra el derecho de gentes pueden y deben ser investigados y juzgados aún fuera del lugar donde fueran cometidos, y aunque no medie punto contacto tampoco en razón de la nacionalidad de las víctimas o de los responsables, ni de ningún otro tipo con el Estado que asuma tal jurisdicción", describió el fiscal.
Qué son los "falsos positivos"
La denuncia presentada ante la Justicia argentina asegura que, con motivo de las acciones contra los movimientos guerrilleros, el gobierno de Uribe cometió crímenes de lesa humanidad por el asesinato de 6112 personas.
De acuerdo a lo denunciado, la acción coordinada de las Fuerzas Armadas dejó un saldo "de 6112 casos de ejecuciones extrajudiciales y de desapariciones forzadas de personas que falsamente se habrían presentado como caídos en combate en acciones guerrilleras contra el Ejército Colombiano".
Las víctimas civiles no beligerantes que fueron registradas por las Fuerzas Armadas como miembros de la guerrilla fueron denominados como "falsos positivos". Las denuncias señalan que los miembros del ejército registraban como bajas en combate a los civiles para reportar resultados exitosos de los operativos y, de esta manera, obtener condecoraciones y retribuciones económicas por el desempeño.
"Ello en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, dado en un contexto de conflicto armado", señala el dictamen de Stornelli. La causa está radicada con el número 3937/2023 ante el juzgado federal número dos, a cargo del juez Sebastián Ramos.
"Toda la comunidad internacional es competente para perseguir delitos contra la humanidad, y el Estado que ejerza la competencia lo hace en representación de aquélla", remarcó Stornelli.
Según la denuncia, "el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez habría buscado el alineamiento de toda la población en torno a la fuerza pública, dividiendo la población entre ´amigos´ o ´enemigos´ de la patria, del Estado, del orden y de la Seguridad Democrática, amparado en el mandato de derrotar a las guerrillas, la estrategia contrainsurgente se enmarcó desde el inicio en la llamada ´Guerra contra el Terrorismo´".
El ex presidente colombiano -añade la presentación- puso "de este modo a amplios sectores de la población como objetivos de la persecución estatal en virtud de la amplitud que se concede a la noción de ´aliados´, ´simpatizantes´, ´colaboradores´ o ´cómplices del terrorismo´, que son aquellas personas que se opusieron a las políticas estatales, a la militarización de la sociedad, al desborde del autoritarismo, a quienes denunciaban las violaciones de los derechos humanos que se multiplicaron por toda la nación, o quienes en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales les correspondió investigar y sancionar a los militares".
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