Cómo se gestó la decisión

«Me faltan tres años; si fueran dos meses, espero y chau. Pero con tres años adelante, o no llego, o llego deshilachado», diagnosticó ayer a la hora de la siesta ante esos allegados, que tuvieron la primicia de la audacia pocas horas antes de anunciarla en público.

«Si me dicen que No, me voy por la puerta grande; si me dicen que Sí, que nadie abra más la boca.» Esta frase de Aníbal Ibarra escuchada ayer por un grupo de íntimos (su hermana Vilma, Jorge Telerman, el jefe de Gabinete, Raúl Fernández) es un alarde de truco. La audacia de la apuesta revela además el cataclismo personal que significa la tragedia de Cromañón sobre el gobernante porteño. Juega todo porque está perdiendo todo.

Los antecedentes no lo ayudan e inflan el envido: Charles de Gaulle, Augusto Pinochet, Antonio Cafiero alimentan la lista de quienes alguna vez, desde el gobierno, llamaron a plebiscito para seguir y les dijeron No.

«¿Lo hablamos con Néstor, o con Alberto?», dijo una. «No los comprometamos, si en el fondo les estamos haciendo un favor. O nos tienen que estar apoyando, o se tienen que callar la boca por el tema», respondió el mustio Aníbal.

Traducido a poder es admitir que la tragedia de Cromañón ha perforado su gobierno, que cree lesionada su legitimidad. También que una victoria le permite soltar el respirador, recuperar el poder perdido en manos de una virtual intervención del duhaldismo (a través de Juan José Alvarez) y que lo obliga todos los días a una negociación nueva. También a convivir con la incomodidad. «Lo hablé con Telerman también, porque tengo que estar seguro de que va a apoyar en la campaña», ríe nervioso.

Presume de haber tomado la decisión a solas, tanto que le falta un pespunte legal: la revocatoria de mandato que prevé el artículo 67 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires presume la debe pedir el público con 20% de las firmas del padrón electoral, algo así como 400 mil voluntades. «La voy a pedir al Tribunal Superior, y si me la rechazan, salimos a pedir las firmas», avanzó en un segundo alarde.

Los llamados de apoyo de Néstor Kirchner y Alberto Fernández llegaron después del anuncio oficial y confirmaron esa percepción de alivio de un gobierno nacional que se siente anclado también al destino de Ibarra en el distrito vidriera del país.

Anoche, los abogados de comuna redondeaban el texto de la presentación que hará Ibarra hoy ante los jueces supremos de la Ciudad. Les pedirá la convocatoria en 90 días de una elección que decida si debe continuar o no en el cargo. Ese lapso es el que corre, según el texto del art. 67, entre la entrega de las firmas y la cita en las urnas.

La especulación es tan grande como el problema: «¿Qué va a hacer Mauricio ahora? ¿Va a salir a pedir firmas para que me vaya después que negó que estuviera pidiendo mi destitución?».

Esto es lo que el macrismo diagnosticó anoche como un cambio en el eje del debate. Reunido Macri con máximos asesores -Jorge Enríquez, Federico Pinedo, Juan Pablo Schiavi- reconocieron ese giro: «Estábamos discutiendo la responsabilidad de Ibarra en 192 muertes y sale llevando todo al terreno político, que no se discutía».

Ibarra, a la misma hora, ante un gabinete eufórico porque este hombre que no tenía reelección (es decir, un «pato rengo» hasta 2007) ilusionaba a todos con una nueva batalla. «Llegué sin aparato político, sólo con el apoyo de la gente. Preguntémosle a la gente si quiere que siga o no», alentaba a los suyos, que saben que llegó de la mano de ese formidable, aunque desorientado, aparato político que fue la alianza UCR-Frepaso. «¿Voy a estar tres años con legisladores que me preguntan si puedo dormir, con gente que va a pedir la intervención de mi gobierno, que va salir a pedir firmas para que me vaya? El que pide elección soy yo», repetía como buscando seguridad en el rostro ajeno.

Nada lo hace sin encuestas, pero dice que sale a comprar el pan, que visita hospitales y que con la gente no hay problemas. «No se siente que acá no pasó nada, pero nadie me ha agredido en la calle.» No reconoce ese diagnóstico canalla que dice que las marchas de protesta de familiares son animadas por vecinos del conurbano bonaerense, no por los votantes de Flores y Caballito que lo eligieron dos veces.

¿Cómo se le ocurrió, jefe?, le preguntan. Había escuchado hablar de revocatoria desde hace una semana, leyó la Constitución y pidió que le repasasen la historia para repetir los desaciertos. La llegada ayer de Hugo Chávez al país lo inflamó: el público le arrancó el plebiscito al extravagante uniformado de Venezuela, que se resistió hasta el final, pero pudo conservar el cargo con 57% de los votos el 15 de agosto del año pasado.

El antecedente anterior había sido el 7 de octubre de 2003 el de Gray Davis, el gobernador demócrata de California al que una plebiscito de revocatoria de mandato reemplazó por el «governator» Arnold Schwarzenegger después de una catastrófica gestión de economía de ese estado.

Ni pensar en la suerte de quienes llamaron a plebiscitos y los perdieron; a Chávez y a Davis se los arrancaron juntando firmas y los dos impugnaron en vano pero hasta el fin la legalidad de esa recolección. El más famoso Charles De Gaulle, que en 1969 jugó su fama de estadista identificado casi como un símbolo de la madre Francia a las patas de una consulta sobre reforma del Senado y del sistema regional de su país, en realidad una factura por mayo del '68. Le votaron en contra y se recluyó hasta su muerte en Colombey-Les Deux-Eglises.

Otro en cuyo espejo no querrá verse Ibarra es Augusto Pinochet, que incluyó un plebiscito de continuidad en la Constitución «de facto» que aún rige hoy en Chile. Le dijeron el 18 de octubre de 1988 que No y debió llamar a elecciones para apurar una salida a la democracia.

O en el de Antonio Cafiero, que sumó a su lista de desaciertos la derrota en el plebiscito por su reelección en 1990; algo que sí logró para sí en 1995 Eduardo Duhalde, amparado por el aroma reformista del pacto de Olivos.

La peor performance la tienen los uruguayos con las consultas sobre temas económicos que llamaron respectivos gobiernos; los perdió a los dos (No a privatizaciones de empresas públicas el 13 de diciembre de 1992; No a la privatización de la petrolera ANCAP el 7 de diciembre de 2003). Los gobernantes de ese país descontaron con la consulta que ratificó el 16 de abril de 1989 las leyes de amnistía a ex militares. Lograron también el favor para consignas propias Raúl Alfonsín en 1984 para el acuerdo con Chile por las islas del Beagle y, más cerca de ahora, el boliviano Carlos Mesa para su ley de hidrocarburos (15 de febrero de 2004).

Y de paso, el anuncio de que hoy irá a la Legislatura. «Lo de mañana», terminó la jornada riendo, «ya vale 2 con 20; es decir, nada».