El concurso para ocupar las tres vacantes del Tribunal de la Competencia se ha convertido en el más relevante para las empresas y el mercado que ahora juega -con pocas pistas- a adivinar quiénes serán los postulantes que ocuparán el poderoso órgano revisor de las decisiones de la Autoridad de la Competencia. Después de que Ámbito revelara el 11 de enero que el Gobierno avanzaría en su conformación, la cuestión encendió las alarmas en el Círculo Rojo que empezó con sus propias especulaciones porque será el tribunal que pueda revisar judicialmente resoluciones y sanciones respecto a abusos de posición dominante, monopolios, libre competencia y autorización de fusiones. A todos estos condimentos estratégicos, uno más se adiciona: podría, en su definición, ser determinante la cuestión de género.
Pero todo se aceleró anoche cuando circuló un borrador con la convocatoria para que el Senado discuta, el jueves, el dictamen respecto a los pormenores de la designación de la Autoridad de la Competencia, cinco cargos que estaban previstos por ley. Además de modificar algunos aspectos relativos a sus facultades y capacidades regulatorias y de injerencia, ya no necesitará de concurso público para designar a su autoridad de aplicación. Así se modificaría el Artículo 20 con la siguiente disposición: “El Poder Ejecutivo designará a los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia a propuesta del Ministerio de DesarrolloProductivo de la Nación, los cuales deberán reunir condiciones de conducta, criterios de idoneidad técnica en la materia y demás requisitos exigidos bajo el artículo 19 de la presente ley. La selección se realizará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, en el marco de un procedimiento público, abierto y transparente que garantice condiciones de igualdad, paridad de género e idoneidad”. Básicamente deja en manos de Matías Kulfas y del presidente Alberto Fernández esa definición. Durarán cinco años en sus puestos o serán removidos antes si existen causales que evaluará el Ejecutivo.
También es relevante la modificación del Artículo 17: “Cuando la concentración económica involucre servicios que estuvieren sometidos a regulación por parte del Estado Nacional y/o provincial a través de un ente regulador, la Autoridad Nacional de la Competencia requerirá al ente regulador respectivo una opinión fundada sobre la propuesta de concentración económica en la que se expida sobre: (i) el eventual impacto sobre la competencia en el mercado respectivo, o (ii) el cumplimiento del marco regulatorio respectivo”. El caso testigo podría ser Cablevisión.
Mientras tanto, se activaron las martingalas en las mesas de verano de los empresarios donde el nombre de Laura Manin subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio del Interior que comanda Eduardo “Wado” de Pedro, empezó a circular como un número puesto. Pero la actual funcionaria está segunda en la lista complementaria que fue elevada, más allá de los 9 postulantes de las tres ternas. Sin embargo, aquí comienza, como en un tablero de ajedrez, la posibilidad de anticipar movimientos y condiciones especiales que van a atravesar este estratégico concurso. A la pregunta de ¿cuál es la única manera para que quienes quedaron en los primeros lugares de un concurso salgan de la competencia?, le sigue la respuesta: que ganen otro. Así, el concurso N°415 está también atado al destino de otros cargos en juego.
Si en la primera terna los propuestos son Diego Póvolo, Alejandro Nobili y Juan Rafael Stinco. Póvolo ya integró la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), y avaló en 2007 la fusión Cablevisión-Multicanal, pasando todo a integrar el Grupo Clarín. Es quizás el único holding que hoy verdaderamente interpreta lo gravitante de este concurso y también movió fichas de manera subterránea. Mientras que Stinco es relacionado al gobernador bonaerense Axel Kicilloff por su pasado como director de YPF durante la gestión del exministro de Economía, Nobilli es asmiliado a la “lista Bordó” de la Asociación de Magistrados y un postulante cercano al hombre fuerte del fuero Civil y Comercial Federal (adonde se integrará esta sala especial), Ricardo Recondo. Nobili y Stinco están ternados para otro concurso de juez civil y comercial, con lo que podrían, eventualmente, salir de la carrera.
Pero Recondo que además es consejero de la Magistratura tiene un especial interés en el resultado de otro concurso relacionado: el 413, destinado a cubrir dos cargos de vocal en la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal. Plagado de idas y vueltas, denuncias cruzadas e impugnaciones por el tema del examen y la forma en que quedaron posicionados los candidatos, terminó siendo un escándalo que incluía la chance de que hubieran accedido a un examen con antelación. El nombre que allí resuena es el de Florencia Nallar, con impulso de Recondo.
En el seno del Consejo de la Magistratura, la negociación no se extinguió en la aprobación de ternas para otros cargos clave de Comodoro Py y un sector del kirchnerismo quiere poner a prueba la alianza táctica también en materia disciplinaria. Martín Irurzun junta los boletos para esa rifa después del informe de la Bicameral. Será otro capítulo.
La segunda terna la componen Federico Malvarez, -también un candidato vigente en el concurso N°413 (con chances de bajarse del N°415)- y sobre el que el Grupo Techint puso atención, el defensor Santiago Roca (que contaba con la venia del consejero PRO Pablo Tonelli) y el que fuera también firmante de la fusión que benefició a Clarín junto a Povolo, Humberto Guardia Mendonca. Es también uno de los nombres potentes de este concurso para regresar pero esta vez en el cargo de juez.
La última, la integran Silvia Pfarherr, que integra la Procuración pero que se ganó la enemistad de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó y declaró en contra de la fiscal comercial Gabriela Boquín en las causas disciplinarias que florecieron a la par de que la fiscal avanzaba en la causa Correo Argentino que involucra a la familia Macri. Quedó flotando en el aire quién había cursado correos electrónicos con información sensible del expediente, algo que no pudo ser determinado con completa exactitud. Está en otro concurso: el N°288 (juzgados comerciales). Esa terna se completa con la abogada y especialista en arbitrajes y secretaria en la Cámara Comercial, Irina Natacha Gedwillo y el experto en derecho administrativo y exjuez subrogante en el fuero contencioso, Javier Indalecio Barraza. Despejando algunos nombres, lo lógico es que haya un inmediato ascenso de la lista complementaria, lo que explica por qué se incluyeron tantos nombres al listado luego de los 9 primeros. Pero Johanna Cristallo -quien se desempeña en la Procuración y fue mucho tiempo cercana a Gils Carbó en la gestión y desde la fiscalía general de Cámara- también está ternada para el concurso N°405 por una vocalía de Cámara de Apelaciones en lo Civil. Con apenas dos movimientos, todas las ternas pueden tener modificaciones de nombres y los que aparecían sin chances pueden tener una oportunidad única.
Ahora, ¿Qué pasaría si además entra a gravitar la cuestión de género tan limitante para el ascenso de mujeres a cargos clave? Desde el concurso N°408, el asunto comenzó a ser discutido en la elección definitiva de los postulantes. Nominalmente anterior a este, no habría motivo por el cual no pudiese aplicar lo mismo. Entre los primeros 9 hay solo dos mujeres y están concentradas en la última terna. Si se incorpora la lista complementaria, las dos primeras ascenderían para matizar otras dos ternas completamente masculinas. Parece un asunto menor, pero el dato no pasa desapercibido para el mundo judicial por la discusión que conlleva en busca de paridad y con el consabido “techo de cristal” para los altos cargos de magistratura.
Sumado a la discusión que se plantea para el jueves en el Senado, la martingala de nombres y su definición electrizante es, tal como lo adelantó Ámbito, lo más importante que se discute para las empresas y el mercado.
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