Gómez Centurión fue denunciado penalmente por el propio gobierno a través del Ministerio de Seguridad y separado del cargo "preventivamente" el 19 de agosto pasado, pero el 13 de octubre fue repuesto en el cargo.
La Sala II de la Cámara Federal confirmó hoy el pase de la denuncia contra el administrador de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, por la que estuvo temporalmente separado de su cargo, a la justicia Penal Económica, que es la encargada de investigar supuestas maniobras de contrabando.
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Así lo resolvieron los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, al confirmar una decisión del juez federal Ariel Lijo, quien había declarado su incompetencia en el caso.
Gómez Centurión fue denunciado penalmente por el propio gobierno a través del Ministerio de Seguridad y separado del cargo "preventivamente" el 19 de agosto pasado, pero el 13 de octubre fue repuesto en el cargo, una vez que el juez Lijo consideró que las medidas probatorias no habían logrado vincular a Gómez Centurión a algún hecho delictivo de competencia federal.
La cartera a cargo de Patricia Bullrich lo denunció con aval presidencial, a raíz de un anónimo que lo involucró a través de audios comprometedores en presuntos hechos de corrupción y subfacturación detectados en el organismo a su cargo.
En esos audios Gómez Centurión supuestamente le indicaba al empresario Oldemar Carlos "Cuqui" Barreiro Laborda, ex dueño de la empresa de recuperación de autos robados Lo Jack y ahora detenido como presunto jefe de la denominada "mafia de los contenedores", cómo hacer operaciones de contrabando y avalarlo para hablar en nombre suyo con importadores y aduaneros.
La causa habia caído por sorteo en el Juzgado Federal 4 de la Capital, en el que el Lijo se declaró incompetente, por entender que las medidas adoptadas para corroborar mínimamente los hechos habían conducido a descartar la existencia de algún delito que, por ser a priori atribuible a Gómez Centurión, genera la competencia exclusiva del fuero federal.
El fiscal Guillermo Marijuán había apelado esa resolución y el fiscal de Cámara Germán Moldes sostuvo la impugnación.
La Sala II confirmó la decisión que declaró la incompetencia en razón de la materia y ordenó remitir la causa a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico para que determine el juzgado que habrá de intervenir.
Lo fundamentó en razones procesales al sostener que "la ley y la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación atribuyen competencia al fuero en lo penal económico para la investigación de los delitos previstos en el Código Aduanero y sus conexos".
"Partiendo de tales premisas, la decisión del juez resulta correcta", dijeron los camaristas, para quienes "sin perjuicio de las disquisiciones que pudieren efectuarse sobre los acontecimientos denunciados y sus eventuales encuadres, el eje de las hipótesis planteadas al impulsarse la instrucción está puesto en maniobras de contrabando" e íntimamente vinculadas.
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