La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó el procesamiento de Héctor Capaccioli, ex superintendente de Servicios de Salud, por el delito de malversación de fondos públicos en una causa conexa a la de la "mafia de los medicamentos".
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La Sala II del tribunal así lo dispuso por "haber otorgado a los fondos correspondientes al funcionamiento de la Caja Chica asignada a la Unidad Superintendencia una finalidad distinta a aquella para la cual estaban destinados", se informó oficialmente a través del Centro de Información Judicial (CIJ).
"Las pruebas colectadas permiten homologar el temperamento incriminante adoptado, desde que obran suficientes constancias que permiten tener por acreditado que el imputado utilizó indebidamente los fondos asignados para gastos de cortesía y homenaje", señala la resolución.
El juez federal Norberto Oyarbide había procesado en febrero pasado a Capaccioli, recaudador de la campaña de Cristina Kirchner en 2007, por la supuesta asignación irregular de fondos a obras sociales y para gastos personales, en una investigación que se inició como un desprendimiento del expediente por la "mafia de los medicamentos".
Oyarbide le imputó el otorgamiento, como titular de la Superintendencia, a 52 obras sociales la suma de 47.744.950 pesos "para ser aplicados a la implementación de programas de prevención de enfermedades" sin que hubiera motivos -según el juez- para dárselos a dichas entidades en detrimento de otras y sin que se trate del objetivo del organismo, destinado a realizar "funciones eminentemente supervisoras y de contralor".
Pero, además, el juez determinó que Capaccioli hasta utilizó dinero público para gastos personales que van desde ropa de marca, objetos tales como una lupa de 500 pesos, un llavero de 350, una cuna, mates, bombillas marca "Cardón", y hasta una caja de bombones declarada como "regalo a un diputado".
En tanto, el tribunal declaró la nulidad del procesamiento de Capaccioli por el delito de "abuso de autoridad" en el marco de una investigación en torno al dictado de una resolución en aquella Superintendencia, por medio de la cual se distribuyeron 47 millones de pesos a distintas obras sociales para la atención de programas preventivos de salud.
Esta última medida alcanza también a Osvaldo Oscar Cochlar, ex gerente de Gestión Estratégica de la Superintendencia de Servicios de Salud; a Fernando José Scopinaro, ex subgerente de Gestión Estratégica, y a Horacio Agustín Ballesteros, ex gerente de Asuntos Jurídicos.
Según los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, "se observa nítidamente que la fundamentación del temperamento adoptado posee vicios que impiden considerarlo como un acto jurisdiccional válido".
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