Confirman que militares no serán extraditados

La nueva Corte y los jueces federales deberán prestar atención al mensaje que ayer envió el gobierno, en boca de su jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en el cierre del seminario sobre la Corte Penal Internacional: es «política de Estado» juzgar en la Argentina los llamados delitos de lesa humanidad.

Señal clara para los supremos que tienen que fallar sobre la validez de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y deben expedirse sobre los pedidos de extradición de militares acusados de violaciones a los derechos humanos.

«La Argentina debió discutir el tema de la extradición cuando el juez Baltasar Garzón lo planteó, pero esa decisión de cambiar las reglas y aplicar la ley no ocurrió. Todo parece indicar que la Argentina ahora va a optar por esta alternativa», sostuvo Fernández.

El juez español había elevado los trámites a la Argentina para que sean extraditados 39 ex militares acusados de violar los derechos humanos. Según escribió Garzón en su libro «Un mundo sin miedo», el gobierno obstruyó en agosto de 2003 la extradición de los militares acusados en España. Sin embargo, Fernández aclaró que «el gobierno de (José María) Aznar decidió no acceder a las extradiciones» y subrayó que «al día siguiente» del pedido de Garzón se derogó el decreto que impedía extraditar a los ex militares.

El jefe de Gabinete y el canciller Rafael Bielsa fueron los expositores finales del seminario, y sus discursos apuntaron a alentar la existencia de un tribunal internacional que juzgue a los responsables de los delitos de lesa humanidad o de genocidio que, por diferentes motivos, no pueden ser juzgados en sus países de origen.

«El derecho penal internacional y la CPI no es algo que deba preocuparnos, porque implica la búsqueda de justicia», afirmó Fernández.

El jefe de Gabinete desacreditó los supuestos de que la intervención de una Corte internacional sea una invasión a la soberanía jurídica o un debilitamiento a los estados nacionales.

«El Estado nacional tiene la posibilidad de no quedar sometido a las normas internacionales e imponer sus leyes», desafió Fernández.