Macrismo prometía duplicar empleos y exportaciones por u$s15.000 millones

El entonces kirchnerismo opositor se quejó por permitir ingreso de industrias que nada tienen que ver con el objeto de la ley sancionada en 2019.

Escurridiza. Cristina de Kirchner estuvo por momentos en la sesión donde se sancionó la ley de software, pero se fue antes de la votación.

La voltereta del Ejecutivo con respecto a la nueva ley de software reavivó la discusión que se dio el año pasado en el Congreso, cuando oficialismo logró que el entonces peronismo no kirchnerista -hoy, subsumido casi en su totalidad en Frente de Todos- acompañara la sanción de la iniciativa. Esa votación, que representó una mala noticia para el piquetero papal Juan Grabois -“gastaba” energía en pelearse con el jefe de Mercado Libre, el multifriendly Marcos Galperín-, proponía un régimen desde el 1 de enero último al 31 de diciembre de 2029 y una continuidad, con modificaciones, de una política activada durante los gobiernos kirchneristas.

El proyecto tuvo una votación unánime en general -49 adhesiones-, mientras que algunos artículos fueron rechazados desde el cristinismo puro durante su tratamiento en particular. Desde el Ejecutivo aseguraron que se duplicarían empleos del sector -de 215.000 a 430.000- y se generarían exportaciones anuales por u$s15.000 millones. Esos objetivos fueron resaltados por el Pro a través del titular de la comisión de Presupuesto, Estaban Bullrich (Buenos Aires), y del presidente provisional de la Cámara alta, Federico Pinedo (CABA).

Como miembro informante, Bullrich destacó la ampliación de beneficios en contribuciones patronales, la generación de un bono fiscal y la alícuota de Ganancias del 15% para los actores involucrados en el nuevo régimen, así como también la creación de un fondo de capital emprendedor y contribuciones de las empresas para el control de la ley en cuestión. Luego, señaló que el costo fiscal sería de poco más de $12.000 millones -anual- y lo comparó con el estimativo del actual régimen, que sería de $3.500 millones.

Por su parte, el kirchnerismo reforzó, a través de la filosa Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), la intención del Gobierno de abrir el juego a “jugadores que nada tienen que ver con la industria del conocimiento”. Las críticas hacia el “desmantelamiento” de las estructuras de ciencia y tecnología partieron desde sus compañeras de bancada María de los Ángeles Sacnun (Santa Fe) y Silvina Larraburu (Río Negro). Cristina de Kirchner estuvo por momentos en la sesión, pero se fue antes de la votación de la ley.

Quien salió al cruce de las críticas, y con un furioso discurso, fue el jefe del PJ -luego candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio-, Miguel Pichetto (Río Negro). “Sin empresas no hay trabajadores. Hay que dejar de asumir el proceso de la plata con la culpa cristiana que nos mata. Esa culpa de la Iglesia y que el reino de los cielos será de los pobres, y de las cooperativas, y de los gerentes de ellas”, disparó el senador justicialista.

Pichetto fue más allá y dijo que existe un “espíritu cartonero que funciona en la sociedad que nos destruye” y que se necesita “volver a la cultura del trabajo”. En esa línea, expresó: “Todos los venezolanos que vinieron a la Argentina están trabajando, mientras que en el Conurbano tenemos la Asignación Universal por Hijo para siempre. Es joda la Argentina. Y éste es el debate de fondo que habrá en el debate presidencial”.

En nombre del PJ y del entonces interbloque Argentina Federal, el senador pidió no pegarse “un tiro en el pie” con respecto a la ley y finalizó: “Individualmente hay gente de un talento extraordinario. Después, a nivel grupal, somos imbancables. Ojalá haya muchos Mercado Libre y menos cartoneros. Que la gente tenga acceso al trabajo. Pensemos con la cabeza”.