El gobierno necesita con urgencia pacificar su relación con la Corte Suprema, es decir, frenar el juicio político iniciado en el Congreso. Es la única forma que ve hoy Roberto Lavagna para cortar la fuga de dinero del "corralito". Será muy difícil, por la oposición de la UCR, que se concrete la sesión especial de este miércoles en Diputados para rechazar ese juicio. Pero el tiempo apremia. En junio, se incrementaron 25% los retiros de fondos de los bancos por amparos judiciales. Pero, además, después de la feria judicial de invierno, comenzarán a vencer los plazos establecidos en la "ley anti-goteo". Así, puede producirse un maratón de amparos liberados por jueces de primera instancia y, hasta ahora, retenidos en las cámaras de apelación.
El peronismo intentará esta semana dar vuelta la decisión del radicalismo de no dar quórum en la sesión especial convocada para el próximo 10 de julio destinada a tratar el dictamen que aconseja iniciar el juicio político a la Corte Suprema de Justicia. Esa sesión es vital hoy para el gobierno ya que Roberto Lavagna espera que la Corte cambie de postura en torno del «corralito» financiero si termina sepultado el juicio político en el Congreso. Es la única forma que tiene hoy el sistema financiero para frenar la salida de fondos de los bancos a través de acciones de amparo, que en junio se incrementaron 25%.
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Hasta ayer, Humberto Roggero, jefe de la bancada PJ, tenía esperanzas en conseguir que los diputados de la UCR bajaran a votar a favor el dictamen, aunque sea, pero colaborando con el quórum. Pero hasta esa opción parecía imposible después de la definición tajante que tuvo Horacio Pernasetti, jefe del bloque radical, y el documento del Comité Nacional partidario. De todas formas y aunque consiga que los radicales se desdigan de bloquear el quórum, el PJ tendrá una dura tarea por delante. Si consiguen iniciar esa sesión, los peronistas deberán enfrentar a un grupo propio de más de 15 diputados a los que se sumarán los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner, que votarán junto a la UCR, el ARI y los partidos de izquierda a favor de llevar adelante el juicio a la Corte. Por eso el PJ deberá disciplinar tropa propia y contar hasta el último de los votos para frenar ese juicio político que, hace cinco meses, los mismos diputados impulsaron.
Pero lo cierto es que, por ahora, si Roggero no consigue destrabar la cuestión, no habrá sesión especial.
La UCR ya emitió un comunicado donde no deja dudas respecto de cómo deberían votar sus diputados en el recinto: «El radicalismo adoptará en el Congreso de la Nación una actitud clara y firme para asegurar que prospere la acusación en el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, según el dictamen parlamentario del bloque radical, mediante un procedimiento indubitable y categórico. El Comité Nacional ha impartido instrucciones precisas y concretas a sus legisladores nacionales, de manera que el mandato expreso para llevar adelante la acusación en juicio político a la Corte Suprema, no resulte tergiversado por ningún procedimiento parlamentario ajeno a la decisión unánime de la Mesa Directiva del Comité Nacional», dice la declaración.
• Cuestión compleja
Para dejar en claro que Pernasetti no podría aceptar ningún ofrecimiento de negociación por parte de Roggero, desde la mesa del Comité Nacional agregaron: « La conducción del radicalismo, No avala ningún comportamiento parlamentario que pueda organizar el oficialismo para habilitar por acción o por omisión la impunidad o la suspensión del procedimiento del juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
Para el gobierno la cuestión es compleja. Frenar el juicio político a la Corte Suprema es hoy la única herramienta a la vista para cerrar los agujeros del «corralito» financiero. Después de la «ley antigoteo» se siguió sucediendo la habilitación de amparos y, si bien inicialmente hubo una fuerte baja de retiros de fondos, con el tiempo el ritmo volvió a subir. Esto no es sólo por los casos en que la propia ley habilitó la extracción, como ahorristas mayores de 75 años y casos de enfermedad, sino por los casos en que jueces comenzaron a dictaminar a favor de la inconstitucionalidad de la «ley antigoteo».
Por eso es que una salida a través de una nueva interpretación de la Corte Suprema sobre la constitucionalidad del cuerpo de normas que rigen el «corralito» financiero, es hoy casi la única alternativa a la vista para Lavagna al lanzamiento del un canje de bonos compulsivo, que hoy desmiente hasta el propio Eduardo Duhalde.
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