El peronismo del Senado volteará la prohibición que dictó Eduardo Duhalde para que se entablen acciones judiciales contra el «corralito» durante 180 días. Los legisladores ya llegaron a la conclusión de que es una disposición absolutamente inconstitucional, además de que no tiene efecto más que declarativo: un decreto no alcanza para frenar los reclamos de la gente ante la Justicia.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Se trata de la segunda limitación que el bloque PJ le impone al Ejecutivo en menos de una semana y, en consecuencia, un verdadero llamado de atención para el futuro de las relaciones entre ambos poderes.
A pesar de que la relaciones bilaterales habían sido más que armoniosas, el jueves pasado, el riojano Jorge Yoma y otros delegados de las provincias con promoción industrial le advirtieron al gobierno que el presupuesto no saldrá si se mantiene la idea de suspender ese beneficio, tal cual reza en el proyecto presentado por Jorge Remes Lenicov. Fue la primera señal de alarma.
Antes del fin de semana, el mismo Yoma le advirtió a Duhalde que el artículo 12 del Decreto 214 veda la posibilidad de demandar en Tribunales por las restricciones bancarias. Fue una advertencia amistosa. El presidente designado coincidió con las observaciones y avaló que, en 10 días, la Cámara alta corrija esta falencia legislativa del Ejecutivo.
Jorge Vanossi salió a dar su punto de vista y defendió la letra del decreto, dándole una interpretación distinta a la de Yoma y compañía. El ministro de Justicia aclaró que el decreto no suspendió por 180 días los juicios contra el «corralito», sino sólo la tramitación de los procesos.
• Derecho intacto
Vanossi subrayó que el Decreto 214 «habla de una suspensión de la tramitación», por lo que «de ninguna manera se ha anulado la acción», sino que «el derecho que se ejecuta está intacto». El funcionario no salió a responder a los senadores, sino a un juez que el viernes declaró la inconstitucionalidad de la resolución por considerar que «vedar en forma generalizada la posibilidad de los ciudadanos de cuestionar la medida relativa al llamado 'corralito' implica el avasallamiento del derecho a la tutela judicial efectiva».
De todos modos, Vanossi reconoció, sin mencionarla, la objeción senatorial y admitió que «probablemente, sea menester una norma aclaratoria» para que se sepa «que lo que se pone en el freezer por un plazo razonable es la tramitación» de las causas.
Dejá tu comentario