La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó los pedidos de excarcelación de cuatro de los siete imputados por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, quien fuera baleado en octubre pasado durante una manifestación de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca.
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Lo resolvió la sala de feria del máximo tribunal penal del país contra los planteos de los presuntos barras bravas Cristian Favale y Gabriel "Payaso" Sánchez; el delegado de la Unión Ferroviaria en el Roca Pablo Díaz; y el trabajador ferroviario Jorge González, que seguirán detenidos.
En la resolución, los jueces entendieron que hubo un "doble conforme", esto es, que ya se analizó y eventualmente rechazó los pedidos de excarcelación tanto por parte de la jueza en lo penal de primera instancia Susana Wilma López, como por la Sala I de la Cámara del Crimen.
Por ello, los camaristas Mariano González Palazzo, Augusto Diez Ojeda y Raúl Madueño decidieron que el recurso estuvo "mal concedido" y no analizaron el fondo del asunto. Ahora, la defensa de los cuatro procesados interpondrá un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia y, en caso de no ser concedido, podrán interponer un recurso de queja.
De ser así, sería la primera vez que la Corte toma intervención en la causa, pese a que por el momento sólo se trata de planteos de excarcelación. Los cuatro hombres están detenidos junto con los ferroviarios Juan Carlos Pérez, Armando Uño y Salvador Pipito, y todos están acusados del delito de homicidio agravado.
Según la resolución de la jueza de instrucción Susana Wilma López, Favale y Sánchez fueron los autores de los disparos, uno de los cuales impactó en el abdomen de Ferreyra, mientras que Díaz fue el reclutador del grupo, y González quien amenazó a un equipo periodístico de C5N para que no tomase imágenes de los hechos.
Para la jueza, cada uno tuvo un rol determinado aunque todos formaron parte de lo que ella llamó un "plan" o "acuerdo" criminal, que tuvo como consecuencia el asesinato de Ferreyra y otras personas heridas de bala.
Ahora, la defensa de los siete detenidos ya empezó a interponer los recursos ante Casación para que sus procesamientos sean revisados, luego que los mismos sean confirmados por la Sala I de la Cámara del Crimen.
No obstante, la investigación aún avanza hacia los efectivos policiales responsables de no haber intervenido apenas se sucedieron los hechos (y sobre quienes se presume plantearon una zona liberada), y sobre los principales dirigentes del gremio de la Unión Ferroviaria.
En ese sentido, la entonces fiscal (ahora viceministra de Seguridad de la Nación) Cristina Caamaño había solicitado que el titular del gremio, José Pedraza, y el dirigente Juan Carlos "Gallego" Fernández fuesen llamados a indagatoria, algo que aún no fue resuelto.
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