Cristina no sabe cómo pagar la ley de tránsito

Política

El gobierno consiguió ayer que la Cámara de Diputados avanzara con el proyecto de ley de seguridad vial que hasta ahora sólo generó polémicas en el Congreso. Un plenario de comisiones emitió el dictamen después de haber modificado el proyecto que votó el Senado que por otra parte también había reformado la idea original de Cristina de Kirchner-para intentar solucionar algunas incompatibilidades constitucionales. El centro de los problemas fue el financiamiento del organismo. Los senadores había eliminado un impuesto sobre las pólizas de seguros por no poder avanzar en esa Cámara con una norma tributaria.

A media mañana los diputados del kirchnerismo estaban convencidos de reponer ese impuesto tal como había sido enviado por el gobierno al Senado y allí eliminado casi a la fuerza por inconstitucional. La propia Cristina de Kirchner lo reconoció en su mensaje a la Asamblea Legislativa el 1 de marzo pasado cuando inauguró el período ordinario de sesiones.

  • Reflexión

    Pero después de algunas consultas se los hizo reflexionar. Por más que el gobierno pretendiera crear un impuesto para financiar la agencia nacional de seguridad vial, el camino elegido no era técnicamente el correcto. Se terminó creando, entonces, una contribución obligatoria de 1% sobre las primas de seguros, que deberá recaudar la Superintendencia de Seguros, que así curiosamente debutará como una suerte de sustituto de la AFIP. El cambio no parece solucionar los problemas que se habían presentado con el financiamiento de la ley. Inclusive, muchos de los diputados que firmaron a favor el dictamen lo hicieron para no frenar el proyecto, pero no por estarconvencidos. El proyecto original del gobierno, que los diputados estaban listos a reponer, contemplaba la creación de un impuesto que con una tasa de 1% se debería aplicar sobre las pólizas de seguro automotor de todo el país.

  • Problemas

    Esa idea tenía algunos problemas insalvables. Por ejemplo, no define, como en todo tributo a crear, cuál es la base imponible. «Pólizas de seguro» es una definición no suficientemente vaga como para abarcar tanto a las primas como al monto asegurado. Por lo tanto la decisión quedaría en manos del Poder Ejecutivo, algo que la Constitución prohíbe tajantemente.

    Además, al crearse un impuesto con afectación específica destinado exclusivamente a financiar la agencia nacional de seguridad vial, se está modificando la coparticipación federal ya que las provincias no recibirían un porcentaje de esos fondos. Para sancionar un tributo así, entonces, hace falta la votación por mayoría especial y establecer -tal como también fija la Constitución-un plazo máximo durante el que se aplicará, algo que el gobierno obvió en su proyecto.

    Tampoco se sabe en el Congreso de cuántos fondos dispondrá esa nueva agencia. Junto con el impuesto, la iniciativa establece que el plan de Cristina de Kirchner se financiará con partidas del Presupuesto nacional, parte de las tasas que cobrar lo municipios por emitir los registros de conducir -que ahora controlará la agencia de seguridad vial- aportes por servicios prestados a terceros y un porcentaje de las multas que también cobran los intendentes.

    Más allá de los conflictos que esto supone, no hay forma hoy de calcular en la ley el volumen de dinero que se está derivando al nuevo emprendimiento vial del gobierno, lo que también transgrede la Ley de Administración Financiera del Estado.

    A pesar de las modificaciones introducidas ayer, muchos de esos interrogantes quedaron sin respuesta. Por ejemplo, quedó establecido ahora que habrá una «contribución obligatoria de 1% sobre las primas de seguros automotores» que regirá por 10 años. Pero la recaudación deberán hacerla las empresas de seguros y éstas depositarán los fondos en la Superintendencia de Seguros que, se supone, luego los girará a la agencia nacional de seguridad vial.

    Con ese camino, los diputados intentaron evitar todos los roces constitucionales que supone la creación de un tributo aunque la oposición, que firmó en contra el dictamen, no está convencida que se hayan solucionado. El problema, como con toda carga impositiva, es que cualquier ciudadanoperjudicado podrá luego presentarse a la Justicia pidiendo la inconstitucionalidad de la ley.

    Por eso el intento ayer del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Transportes, de modificar algunos de los puntos más polémicos de la ley vial de Cristina de Kirchner. Lo reconoció temprano Beatriz Daher, jefa de Transportes: «Va a tener algunas modificaciones. Varios diputados pidieron ajustar la redacción de la norma para compatibilizar con los acuerdos con las provincias en materia vial, pero no va a haber mayores complicaciones», dijo.

    A través de la ley de seguridad vial se transfiere a la órbita de la nueva agencia el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito, que está actualmente a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad. También crea dos consejos asesores y centralizan tanto el control de las infracciones, como el otorgamiento de las licencia de conducir por puntos que se aplicarán en todo el país. El gobierno ya tiene firmado un acuerdo vial con casi todas las provincias, pero para implementarlo primero deben aprobarlos cada una de las legislaturas locales: «Las licencias las va a seguir entregando los municipios, pero ahora se unificarán los criterios y los principios», intentó calmar ayer Daher.
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