Cristina recibió de Zaffaroni proyecto de reforma de Código Penal
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En cuanto a la eliminación de la cadena perpetua, sobre la que algunos sectores de la Justicia advirtieron que es inconstitucional, el proyecto divide los delitos en "graves y gravísimos".
Para los gravísimos se eleva la pena máxima de 25 a 30 años de cárcel, y se aplica para delitos como por ejemplo la violación seguida de muerte o delitos de lesa humanidad.
Pinedo pidió que se apliquen penas accesorias, como hacerle un seguimiento al recluso una vez que sea liberado, pero la idea finalmente no fue tenida en cuenta por el resto de los integrantes de la comisión.
En cuanto al aborto se acordó aclarar el texto anterior de los casos en los que se permite la práctica, ya que era confuso, pero no se avanzó en la despenalización.
Este freno fue fruto de un acuerdo de Zaffaroni con la Presidente, que siempre se pronunció en contra de la interrupción de embarazos.
El texto estará acorde a una resolución de la Corte Suprema de Justicia, que señaló que cualquier mujer violada tiene derecho a un aborto no punible, sin contar con una autorización judicial previa, lo que terminó con las dudas sobre la interpretación de un artículo del código penal que para algunos limitaba la realización de un aborto a quienes padecen discapacidad mental.
Pinedo pidió que se permita el aborto una vez que esté iniciada la acción penal por la violación y no con la simple declaración de la mujer abusada, pero no fue atendido.
En sentido contrario, Barbagelata -designada en la comisión por el Partido Socialista de Hermes Binner- propuso que se despenalice el aborto, lo que tampoco consiguió adhesión entre los demás miembros.
En la reforma también se introducirían delitos vinculados a la contaminación del medio ambiente y la sustitución de identidad por correo electrónico, al tiempo que se despenalizaría el consumo personal de drogas.
Durante la audiencia, acompañaron a la Presidenta el ministro de Justicia, Julio Alak, el secretario del área, Julián Álvarez, y el de Legal y Técnica, Carlos Zannini. La comisión redactora del proyecto trabajó sobre el tema desde mediados de 2012 a instancias del Poder Ejecutivo, reuniéndose semanalmente en un salón de la Corte Suprema de Justicia.




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