Cromañón: Ibarra más duro con legisladores

Aníbal Ibarra

Aníbal Ibarra redobló ayer sus acusaciones contra la comisión legislativa que investiga el caso Cromañón y denunció que el defensor adjunto del pueblo, Atilio Alimena, estría siendo investigado por presuntas vinculaciones con «un sector» del personal de Bomberos de la Policía Federal relacionado con el otorgamiento de certificados de habilitaciones contra incendios. El local República de Cromañón, donde ocurrió la tragedia, tenía vencido ese certificado al momento del incendio.

El jefe de Gobierno trata de eludir la recomendación de juicio político que haría la comisión en diez días, cuando presente su dictamen tras el cierre del período de pruebas en el que tomó testimonios a cerca de 70 personas, para dilucidar el alcance de las responsabilidades políticas en el trágico accidente del 30 de diciembre pasado.

• Defensa

La comisión mantiene una puja permanente con Ibarra, que viene acusando al grupo de actuar «con objetivos políticos» y «no en busca de la verdad». Ante esas declaraciones, la comisión forzó ayer una conferencia de prensa para retrucar al jefe porteño y luego éste contestó con otra ronda ante movileros.

El legislador del ARI, Fernando Cantero, fue quien expuso una suerte de defensa del grupo investigador, junto a la titular de la comisión, Fernanda Ferrero (ex López Murphy), y al independiente Milcíades Peña.

Los diputados explicaron que habían tomado testimonios y que entre los 9 integrantes de la comisión estaban representados los distintos partidos políticos.

Sin embargo, Ibarra refutó que «forzaron la renuncia» del oficialismo y «de algunos que podrían tener una relación» con el oficialismo, dijo Ibarra aludiendo a los adherentes a Néstor Kirchner.

Por otra parte, el jefe de Gobierno insistió con que los legisladores «no investigan a Alimena».

El defensor adjunto del pueblo había dado a conocer -cuando comenzó la investigación en enero pasado- un informe de su autoría sobre locales bailables que presentaban irregularidades y debían clausurarse.

El contenido de ese informe se incorporó a la causa judicial y fue motivo de un ríspido careo entre el funcionario y la ex subsecretaria de Control Comunal, Fabiana Fiszbin, al que convocó el juez Julio Lucini, quien procesó a la ibarrista por la muerte de 194 personas y otros ex empleados de la repartición a su cargo.

Días atrás, la Policía Federal desplazó a cuatro integrantes del cuerpo de Bomberos que están siendo investigados por presuntas vinculaciones con dos empresas dedicadas a gestoría de trámites para la habilitación de locales en la Capital Federal.

Ibarra aseguró que « Alimena era gestor» de un local de la calle Sarmiento y Carlos Casares.

«Representaba locales ante bomberos y nunca lo dijo», acusó Ibarra, quien además vinculó al defensor con la titular de la comisión «ya que han compartido la militancia con el cavallismo». También, en su intento de descalificar a la comisión para evitar el juicio político, el jefe de Gobierno disparó contra el macrista Martín Borrelli, integrante del grupo investigador de la Legislatura.

• Comparación

Dentro de diez días emitirá su dictamen la comisión legislativa y aconsejarían la apertura del juicio político a Ibarra, tal como dieron a entender ayer los legisladores. Ferrero y Cantero explicaron que el 29 de julio próximo darán a conocer el dictamen con copias para cada uno de los diputados y que luego el cuerpo debe aprobarlo. Si esto resultara, se abre el proceso de juicio político y debe actuar la comisión acusadora y luego la comisión investigadora del juicio que debe procurar pruebas y también abrir un período de defensa.

Ferrero indicó que no podía precisar si esto ocurrirá antes o después de la elecciones.

El abogado y padre de una de las víctimas, José Luis Iglesias, pidió a los diputados que «aprueben o no» el juicio político, pero «que se definan». El letrado comparó a Ibarra con «la dictadura» con relación a que el jefe de Gobierno también descalificó el testimonio de un neumonólogo que aseguró que no fue proporcionado oxígeno a los intoxicados en las puertas del local y que se hubieran salvado más vidas.

El jefe de Gobierno atacó al profesional diciendo que «no tuvo acceso a las autopsias» y que «fue director del Hospital de Clínicas pero dejó el cargo por serias irregularidades».

También Ibarra habló de reuniones a solas con el médico y Ferrero, lo que consideró era no respetar «las mínimas normas éticas».